Opinion | 07 Jul De acuerdo a la información divulgada por el Poder Ejecutivo, desde el primer día de este mes entró en vigencia el decreto por el cual se autoriza a los usuarios de UTE, conectados a la red de baja tensión, a instalar generadores de energía renovable, ya sea en base a energía eólica como solar, biomasa o minidráulica, lo que se enmarca en la política gubernamental de promover un recambio en la matriz energética en base a energías limpias y renovables.
En este caso la resolución establece que para estar habilitado a realizar el intercambio energético se deberá firmar en forma previa un convenio de conexión energética con UTE y cumplir con las condiciones generales determinadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Los alcances de esta resolución fueron explicados por el director nacional de Energía, Ing. Ramón Méndez, quien indicó que la medida busca promover la pequeña generación a nivel de los hogares y de las PYME, destacando sobre todo que el exceso de generación, de existir, podrá volcarse a la red de UTE.
Ello implica que la inversión que se estimule por esta vía tendrá un camino de ida y vuelta, al tener el usuario la opción de utilizar la energía que produce y vender el excedente al organismo, o eventualmente consumir la diferencia en caso de que su demanda supere ocasionalmente o en forma permanente su propia capacidad de generación.
La idea resulta novedosa para nuestro país y seguramente muy bien inspirada, en un contexto en el que el gobierno está procurando incorporar mecanismos que faciliten la reconversión energética a través de una serie de instrumentos que igualmente aparecen en principio como desperdigados y hasta desconectados, cuando se presentan muy atractivos en los papeles pero con serios problemas de instrumentación por la burocracia y las “chacritas” de poder en los organismos que deben ser los operadores ante los clientes.
En este caso la “inspiración” se fundamenta en los problemas de generación de UTE para atender picos de demanda, desde que en situaciones de sequía y consecuente escasa hidraulicidad en los embalses se conforma un cuello de botella en días pico que determina que el organismo deba apelar a la compra de energía en los países vecinos y/o a la generación térmica a través de los onerosos derivados del petróleo, por lo que un microgenerador que pueda difundirse a miles de hogares se presenta atractivo tanto para el prestador del servicio como para el cliente.
Pero claro, las cosas nunca son tan fáciles como pueden parecer a primera vista, aunque en este caso sea una medida apropiada que la energía entregada a la red de baja tensión por el microgenerador se pague al mismo precio del cargo por energía vigente en el pliego tarifario de UTE, de acuerdo a la tarifa contratada por aquel como suscriptor de UTE.
Y si bien en este caso Uruguay es un abanderado en Sudamérica en cuanto a autorizar el sistema, debe tenerse presente que todo indica que su instrumentación no será inmediata, si se tiene en cuenta que el organismo deberá instalar medidores especiales y que sobre todo, el cliente deberá evaluar cual es el tipo de energía renovable que más le conviene, y a la vez contar con posibilidades de financiar la instalación en plazos de repago convenientes y que le permitan un retorno en períodos razonables, para recién después ahorrar a través del sistema.
Ello da la pauta de que para la masificación de la microgeneración domiciliaria y en las PYME deberá contarse con líneas especiales de crédito –que actualmente estarían a estudio del Banco de la República-- pero también de una oferta abundante y accesible de este equipamiento en plaza, sobre todo a través de facilidades para la fabricación nacional, de forma de concretar una inversión redonda que redunde en trabajo dentro de fronteras.
Si bien no está expuesto en esta resolución, es evidente que la mayor necesidad del consumo hogareño radica en el uso de energía para calentar agua, que representa aproximadamente un tercio del total de consumo eléctrico. Ello indica a primera vista que sobre todo en el norte del país una inversión redituable en principio sería la del uso de la energía solar para precalentamiento de agua, lo que no encuadra en esta propuesta de UTE, que solo habla de generación eléctrica con camino de ida y vuelta.
Pero en materia de energías renovables no solo sirve al usuario y al país lo que le sirve a la UTE, por lo que los créditos que se habiliten deberían ser tantos como las posibilidades de generación que se presenten, es decir tanto para microgeneradores de electricidad como de equipos alternativos de calentamiento de agua, y en ello es fundamental la participación del Estado como catalizador, de forma de que a través de la masificación realmente podamos incorporar un porcentaje realmente significativo de energéticos renovables, en su amplia gama de posibilidades.