Opinion | 09 Jul Si bien el proyecto sucroalcoholero de Alur, en Bella Unión, ha sido presentado como buque insignia de la Administración Vázquez, que cumplió de esta forma con una promesa electoral, es indudable que se trata de un emprendimiento de neto cuño ideológico y que surgió fundamentalmente como una respuesta a un compromiso del ex líder tupamaro Raúl Sendic con los cañeros de Artigas.
Pero para encarar estas “inversiones” en esa zona fronteriza y responder a las expectativas que se habían despertado, Ancap, el Estado y todos los uruguayos pusimos unos ciento cuarenta millones de dólares, en el marco de un proyecto que de acuerdo al gobierno sería sustentable y que por lo tanto debería haber retorno en determinado plazo de los cuantiosos recursos que se han volcado con este destino.
Sin embargo, hasta ahora la transparencia a que tanto se alude en el gobierno no ha alcanzado a las cuentas del complejo sucroalcoholero, desde que son una incógnita las cifras reales sobre el funcionamiento de Alur, en Bella Unión, pese a que la ciudadanía uruguaya tiene todo el derecho a saber en qué y cómo se invierte su dinero, sobre todo cuando estamos ante una cifra de tamaña magnitud.
Recientemente el presidente José Mujica coincidió con el senador Jorge Larrañaga en que a Alur “hay que gerenciarlo de mejor manera, porque si es un proyecto que fracasa, le va la vida a Bella Unión”.
El mandatario también estuvo de acuerdo con el senador nacionalista respecto a “la importante burocracia que se ha generado en el proyecto”, el problema de rendimiento en lo que tiene que ver con la disparidad de producción “entre los distintos productores de caña y la enorme incidencia que tiene el costo del riego por hectárea”, que ronda los 700 dólares. Todo lo que ya hemos advertido que sucedería en infinidad de oportunidades en nuestros editoriales, puesto que desde la época del ingenio de Calnu se sabe del problema de los rendimientos en estas latitudes, siempre se supo de la ineficiencia de las empresas en manos del Estado y por más que se pretenda disfrazar a Alur de un nuevo proyecto rentable y autosuficiente porque produce además de azúcar, energía y alcohol, si los dos factores anteriormente mencionados están en contra, es como construir un castillos sobre barro.
El ex ministro de Economía Isaac Alfie, al analizar cifras en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, sostuvo que al costo de 140 millones de dólares en cuatro años derivados de transferencias de Ancap, endeudamiento y avales ante el sistema financiero, deben agregarse transferencias anuales de entre 18 a 28 millones de dólares, aparentemente a ser amortizados parcialmente con la compra de todo el etanol producido hasta mayo de 2019, por lo que habrá que esperar cómo se hará para justificar que el emprendimiento es autosustentable, lo que hace suponer que se logrará sobrefacturando el biocombustible. En un cálculo grueso en función de una población de 13.000 habitantes en Bella Unión, podríamos entonces deducir que cada uno de ellos --así sea un recién nacido-- le ha costado al país más de 10.500 dólares hasta el momento, y mantenerlos significa gastar otros 2.000 dólares al año.
Este río de recursos que se va hacia el norte, proveniente del bolsillo de todos los uruguayos se justificaría en objetivos sociales, lo que es un gran contrasentido si se tiene en cuenta de que por tratarse de un complejo que no es autosustentable, nos encadena a todos a seguir pagando la aventura de Alur mientras se sigue pendiente de que esta es la única posibilidad de trabajo en la frontera, a la vez de que nunca se va a devolver a la sociedad esos 140 millones de dólares, con el agravante de las pérdidas fijas anuales.
Pero además estamos ante una flagrante discriminación hacia el resto del país, incluyendo a Paysandú, donde con una mínima parte de esa cifra se podría volver a poner en funcionamiento el complejo remolachero de Azucarlito, que daba vida a nuestra ciudad al volcar en la plaza unos doce millones de dólares al año entre productores, fleteros, trabajadores en fábrica y en campo, técnicos y una infraestructura de apoyo en todas las áreas, incluyendo talleres y comercios.
De la misma forma podría hacerse con el desaparecido complejo remolachero de Arinsa, en Soriano, que fue también discontinuado por ser inviable. Con la misma política que se aplica hacia Alur, con la transferencia de millones de dólares al año desde las arcas del Estado, todo emprendimiento es sustentable y justificable por su objetivo social, como era el caso de las fábricas de Paysandú y Mercedes.
¿O los ciudadanos de estas zonas no tienen los mismos derechos y necesidades que sus conciudadanos de la zona fronteriza, a los que se les ha vendido esa ilusión? Paysandú es uno de los departamentos del Uruguay con mayor cantidad de asentamientos irregulares, poblados por ciudadanos que están en la extrema pobreza, lo cual desde la óptica del Gobierno justificaría proceder de igual manera que en Artigas.
E ilusión por ilusión, política social por política social, necesidades por necesidades, es un acto de estricta justicia que tengamos el mismo tratamiento del gobierno central en estas zonas libradas a su suerte, por no destinar las decenas de millones de dólares que en cambio aparecen como por arte de magia para cumplir con promesas lanzadas en tiempos de utopías y que hoy se han materializado a costa del oneroso aporte de todos los uruguayos, como si nadáramos en la abundancia.