Paysandú, Sábado 10 de Julio de 2010
Nacionales | 09 Jul oce reclusos fallecieron y ocho resultaron heridos en un incendio en la cárcel departamental de Rocha, hecho que relanzó el debate sobre la emergencia del sistema penitenciario, que alberga actualmente a casi 9.000 reclusos. El presidente José Mujica lamentó profundamente el incendio, mientras que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que desde hace tiempo se proyecta cerrar esta cárcel pero no se ha podido hacer por no contarse con locales sustitutos. El incendio, aparentemente accidental, ocurrió en la madrugada de la víspera en la cárcel de la ciudad de Rocha cuando las llamas consumieron todo el bloque 2, que albergaba a veinte presos: doce de ellos murieron por afecciones respiratorias y asfixia y los otros ocho sufrieron quemaduras graves. “Está prácticamente descartado que fuera un incendio intencional, por la información primaria fue un incendio a raíz de un cortocircuito o alguna prenda que se haya empezado a quemar con alguna de las estufas que usan los procesados en la cárcel”, indicó el jefe de Policía de Rocha, inspector Celso Sosa Lemossub.
En una filmación efectuada con un celular por un recluso y difundido por Canal 12, se aprecian los gritos y pedidos para que se abrieran las celdas en medio de las llamas. El fuego y el humo se propagaron rápidamente debido al material inflamable en el sector, como camas de madera, colchones y frazadas, que eran además utilizadas como separadores en un intento de generar una mínima intimidad en una cárcel sobrepoblada. La cárcel albergaba actualmente a 112 hombres y 21 mujeres, aunque fue construida para alojar a no más de 60 reclusos, informó Sosa.
Según datos del Ministerio del Interior, en mayo de este año había 8.863 reclusos en todo el país, casi cuatro veces más que los 2.244 presos de 1989 y el doble que en 2000, cuando ascendían a 4.369. Sin embargo, los establecimientos carcelarios tienen capacidad para poco más de 6.000 personas. En su visita a Uruguay en marzo de 2009, el relator especial de la ONU para la Tortura, Manfred Nowak, presentó un informe en el que señaló que “las condiciones de detención (en Uruguay) han ido constantemente empeorando”, y que “existe una urgente necesidad de tomar medidas” para evitar “violaciones a los derechos humanos”.
En enero, cerca de 300 presos realizaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones de reclusión y alegando una tardía respuesta de las autoridades en casos de incendio. El 24 de agosto del año pasado fallecieron cinco reclusos en el Comcar y el 1º de enero de este año murieron dos presos en el Penal de Libertad. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que “hay una situación crítica” penitenciaria en todo el país y que la cárcel de Rocha era una de las de mayor hacinamiento. Dijo que desde hace tiempo el objetivo ha sido cerrarla, pero que esa acción no se pudo realizar por no contar con otras instalaciones que permitan su sustitución. Sostuvo que en los próximos meses se estará entregando al Ministerio del Interior la primera parte de las obras en Maldonado y cuando se tenga la mitad de lo construido, quizás se pueda bajar el hacinamiento.
Bonomi llamó al Parlamento a aprobar rápidamente la denominada ley de emergencia carcelaria, ya aprobada por Diputados, que habilitará al gobierno a construir y equipar cárceles mediante contratación directa y crear 1.500 nuevos cargos en la Dirección Nacional de Cárceles. El Senado postergó esta semana en dos oportunidades el debate de la ley. El gobierno prevé instaurar un sistema en el que existan cárceles de media, baja y alta seguridad. También envió al Parlamento un proyecto para que durante un año sea personal militar el que esté a cargo de la guardia perimetral y la inspección de todas las personas que ingresen a las cárceles, lo que ha generado polémica en el oficialismo. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, concurrió al lugar y conversó con los reclusos. No realizó comentarios sobre el hecho por estar en una etapa primaria de la investigación, pero expresó su “pesar” por lo sucedido, que lo dejó “impactado”.
Por su parte, el presidente José Mujica prefirió ser breve en su reflexión y señaló que si bien la mayoría de los accidentes son evitables, las condiciones de hacinamiento colaboraron en esta tragedia. “No puedo toquetear ese tema, porque los familiares de los presos en cuestión merecen un hondo respeto y es demostrativo del hacinamiento y de la enorme deuda que tenemos con las cárceles de nuestro país. Esto ya lo he hablado, por más que hablemos no le vamos a devolver la vida a la gente de esos muchachos que la quedaron ahí”, dijo. Familiares de los reclusos fallecidos presentes en la Jefatura de Policía de Rocha, donde se realizó una conferencia de prensa, denunciaron que los efectivos demoraron “más de una hora y media” en abrir la celda donde se desató el incendio. Bonomi, por su parte, respondió que no le corresponde a su cartera determinar “si hubo o no demoras”, pero destacó que según el informe del peritaje de Bomberos, la guardia actuó de forma rápida. En tanto el director nacional de Bomberos, Raúl Díaz, explicó que el fuego actuó con mucha “violencia”.
Bonomi consideró que sí se debe pronunciar sobre el hecho el juez que lleva adelante la investigación. Dijo que no quiso hablar con él sobre el referido suceso, porque quiere dejar que todos los hechos sigan su curso normal, con el objetivo de que se sepa cómo ocurrieron los hechos. El Ministerio del Interior brindará asistencia psicológica para los familiares de los presos fallecidos y para los policías que intervinieron en el incendio.
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