Opinion | 11 Jul No es porque sí que amigos del nuevo presidente del Instituto Nacional del Menor (INAU), Javier Salsamendi, al enterarse de su designación, le manifestaron solidaridad y la expresaron que en gran medida no saben si esta nominación es en realidad un premio o un castigo a su trayectoria, aunque sí una demostración de confianza del gobierno que preside José Mujica, teniendo en cuenta la gravedad de la problemática de la minoridad.
Durante el acto de asunción Salsamendi, el único director remanente de la administración pasada, señaló que “tengo que asumir en nombre de los que trabajamos en todo este tiempo, que a pesar de todo lo que hicimos no hemos podido cambiar sustancialmente el sistema de atención de adolescentes privados de libertad, y ese es uno de los grandes desafíos para este nuevo período”.
En esta oportunidad el nuevo jerarca asume con el entorno de un preacuerdo de los partidos políticos en seguridad, y una de las misiones del INAU es llevarlo a tierra, aspecto sobre el que Salsamendi reconoció que “lo fundamental es definir cual es el sistema que va a tener el país de aquí a 20 o 30 años. Hemos vivido de improvisación en improvisación en todo este tiempo. El país necesita definir qué es lo que quiere hacer en esta materia”.
Pero evidentemente no puede olvidarse que la Administración Vázquez, aún más que los gobiernos anteriores, fracasó rotundamente en el tema de la minoridad infractora, y ello se debe sobre todo a motivaciones ideológicas conjugadas con una legislación permisiva y desacompasada de la realidad, a la que a la vez no se le han introducido modificaciones para actualizarla a los desafíos que impone la época actual, y tampoco ha dotado de instrumentos al INAU para desarrollar sus cometidos.
Tenemos por ejemplo que el documento interpartidario contempla un “perfeccionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil” para que el Estado cuente con instrumentos y recursos “adecuados para ejecutar lo dispuesto por la justicia competente, ya sea con medidas que impliquen privación de libertad u otras”.
Asimismo agrega que se creará un Instituto de Rehabilitación de Adolescentes en conflicto con la ley penal, como organismo especializado en la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia, pero “con el más alto grado de autonomía técnica”.
Este instituto, además de atender los jóvenes privados de libertad, deberá lograr un “efectivo seguimiento de las medidas socioeducativas” cuando no hay privación de libertad, entre otros lineamientos manejados en el preacuerdo de los partidos reflejados en el documento, que pretende aportar ideas respecto a esta problemática.
El punto es que en nuestro país se dictan leyes, como suele ocurrir, apuntando a un escenario ideal, sin que se haga un seguimiento respecto a su eficacia y sobre todo a si se cuenta con elementos para su instrumentación a efectos de la consecución de los objetivos buscados, lo que es particularmente crítico en el tratamiento de la minoridad infractora, que es el aspecto de mayor incidencia negativa en la inseguridad en nuestro país.
El INAU no cumple cabalmente con ninguno de sus objetivos de protección, educación y reinserción social del menor, como así tampoco en lo que refiere a la contención de los infractores, los que salen de los institutos u “hogares” --que no están preparados para recibirlos y rehabilitarlos--, mucho más rápido que lo que ingresan, y cuando la Policía logra capturarlos hacen valer su impunidad consagrada por normas que están absolutamente fuera de la realidad, desde que la mayoría de las veces se está tratando con infractores irrecuperables con plena conciencia de sus actos pese a su relativa corta edad.
Lamentablemente, integrantes de la fuerza de gobierno se han preocupado mucho más por presentarlos como víctimas que como los delincuentes que son, y han puesto a la vez a sus víctimas como las culpables de que estén en esta situación por contribuir a su marginación.
Ello explica que se haya demorado una eternidad en buscar alternativas en cuanto al tratamiento del problema, y ni siquiera se haya intentado construir hogares de real contención y verdadera rehabilitación, donde el menor de alta peligrosidad no pueda escaparse para seguir cometiendo crímenes, y a la vez se le separe del menor realmente desprotegido, que tiene buenas posibilidades de recuperación a través de la educación y la capacitación en oficios, entre otras posibilidades
Corresponde a esta altura analizar decididamente la creación de un instituto diferente, donde el INAU se vuelque exclusivamente al tratamiento de la minoridad no infractora, y que a la nueva entidad se le doten de elementos en recursos humanos y materiales, como así también legales, para que realmente la sociedad pueda sentirse protegida de malvivientes que por lo general hacen gala de una particular saña y desprecio por la vida de sus semejantes.