Opinion | 15 Jul El gobierno uruguayo planteó a su par argentino la necesidad de establecer un sistema de control y monitoreo ambiental absolutamente técnico en todas las instalaciones de tipo industrial que se encuentran sobre ambas márgenes del río Uruguay en el tramo que es compartido por estos países.
“Ni periodistas ni ambientalistas, ni otra cosa que científicos designados por los gobiernos y en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, indicó una alta fuente del gobierno a “Búsqueda”.
La publicación consigna también que el informante estableció que “tampoco queremos crear una discriminación que solo afecte a la planta de UPM”.
Se ha indicado en forma clara también que las autoridades uruguayas no aceptarán la demanda “piquetera” de que integre el grupo de monitoreo de la pastera de Fray Bentos un técnico representante de la Asamblea Ambiental de Gualeguay-chú. El planteo del gobierno uruguayo, que aparece en primera instancia como una fórmula adecuada y oportuna, ajustada a la realidad y al derecho, podría ser la solución para el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordena un monitoreo conjunto de Uruguay y Argentina para vigilar permanentemente la situación ambiental del río que compartimos.
Es muy claro que no corresponde que periodistas integren el grupo técnico encargado del monitoreo pero debería establecerse con presición en el acuerdo la obligación de informar en forma permanente, objetiva y por consenso de sus actividades, hallazgos y resultados.
Por otro lado, no es de recibo la exigencia de los integrantes de la “Asamblea Ambiental” de integrar el organismo de control por carecer de representatividad y por la obvia subjetividad que han demostrando, así como la persistencia en métodos de violencia claramente demostrados con sus años de corte de una frontera de países vecinos y con buenas relaciones.
Resulta muy oportuno y acaso de estricta justicia que el monitoreo se extienda a todas las instalaciones industriales de ambas márgenes pues así se controlará no solo la planta denunciada y atacada por los ambientalistas de Gualeguaychú sino también tantas otras que vierten permanentemente elementos resultantes de su actividad sin un control adecuado según parece. No olvidemos que medios periodísticos y técnicos ambientalistas han denunciado la existencia de plantas “verdaderamente contaminantes” en territorio argentino, a muy escasa distancia del cauce del “Paterno”.
Mientras el gobierno del vecino país considera esta propuesta, parecen ser de vital importancia para las negociaciones futuras las consecuencias de las graves denuncias que formulara contra los “asambleístas” de Gualeguaychú que al momento tienen un destino incierto, ya que si bien la Justicia argentina en primera instancia desechó las acusaciones, la fiscal actuante apeló el fallo y la actuación judicial continúa ahora por los correspondientes carriles.
En un terreno donde las decisiones políticas resultan de fundamental importancia para el desarrollo de dos naciones, especialmente para sus poblaciones costeras, el planteo uruguayo es sin dudas una base sólida y coherente para establecer un acuerdo que no solo cumpla el fallo de La Haya sino que verdaderamente contribuya a preservar racionalmente nuestro río Uruguay.
Y, solucionado este diferendo, podrían encararse decididamente acciones que beneficien enormemente a ambos países como la integración energética, una urgente necesidad argentina o el dragado de los ríos que se comparten, que resulta prioritario para Uruguay.
En suma, la propuesta uruguaya, con los ajustes que sea necesario realizar, aparece como un instrumento que puede llegar a lograr un nuevo entendimiento para que los países que están unidos desde el fondo de la historia puedan verdaderamente volver a llamarse hermanos. Será un justo homenaje a todos aquellos que lucharon por el nacimiento de la libertad de nuestras patrias y una sincera ofrenda al río que nos une.