Nacionales | 15 Jul La cosa se agranda
Parece que el frenteamplista Oscar de los Santos siente que necesita más apoyo para cumplir nuevamente su función de intendente de Maldonado. Es por eso que aprobó un nuevo organigrama que implica la creación de unos veinte cargos de particular confianza más de los que tenía en el período anterior.
Informa “El País” que De los Santos aprobó una resolución por la cual quedaron designados los funcionarios de particular confianza política que acompañarán su gestión hasta 2015. La comuna tendrá 75 cargos políticos o de particular confianza, unos veinte más que en el período pasado: el secretario general, el prosecretario, once directores generales, 24 subdirectores generales y asesores, 29 directores y nueve encargados y coordinadores. El sueldo del intendente supera los 200.000 pesos mensuales, al que hay que agregarle los gastos de representación y de secretaría. Los funcionarios que ocupen los cargos de confianza grado 12C (secretario general, prosecretario general y directores generales) percibirán un sueldo de 95.861 pesos nominales. Los que ocupen los cargos grado 11C (subdirectores generales y asesores de primer nivel) tendrán un sueldo de 54.370 pesos; los grado 10C (directores y asesores) recibirán 38.268 pesos y los de grado 9C (coordinadores y encargados) 31.748 pesos. En total, los cargos de confianza de la actual administración generarán un costo de unos 4,5 millones de pesos por mes (2,5 millones de dólares al año).
Pero estos son los montos del sueldo “básico”, pues los funcionarios municipales, ocupen o no cargos de confianza política, perciben otros beneficios, como por ejemplo una prima por fallecimiento de un familiar de 4.862 pesos, prima por matrimonio de 9.719 pesos y una prima por nacimiento por hijo de 9.719 pesos. Además, un progresivo de 196 pesos por cada año de trabajo y una prima por temporada de 1.910 pesos.
La coherencia de Lara
El ex senador nacionalista Julio Lara adelantó al matutino antes citado que rechazará un cargo en el Estado que le fue ofrecido por el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, porque prefiere mantener su libertad política y así poder criticar al gobierno cuando lo crea necesario.
Bonomi interpelado
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no podrá zafar de la interpelación por el incendio en la cárcel de Rocha y otros temas de seguridad pública. El miembro interpelante será el diputado nacionalista Jose Carlos Cardoso. La oposición logró su objetivo y en el cruce de críticas con el oficialismo, lo acusó de querer salvar las responsabilidades de Bonomi y presionar la investigación judicial.
El diputado blanco Javier García manifestó a “Últimas Noticias” que a su juicio, “se está politizando y partidizando la discusión”, pues “el Frente Amplio está priorizando salvar la responsabilidad del ministro en lugar de buscar la verdad, que es lo a que todos los uruguayos nos interesaba”. Según García, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio estaban buscando “presionar a la Justicia en medio de la investigación” con la realización de la comisión general. Para García, el oficialismo quiso “notoriamente” evitar llamados a comisión y la interpelación con la sesión en régimen de comisión general.
La bancada frenteamplista, por su parte, consideró que la oposición “sube la apuesta” al procurar interpelar a Bonomi, pues “la diferencia con el llamado a sala es que el régimen de comisión general no permite votar una censura”, dijo el diputado Aníbal Pereyra. El diputado José Carlos Mahía advirtió un contraste en la actitud de la oposición durante las negociaciones para integrar entes autónomos y organismos de contralor con un eventual “clima de confrontación” durante un llamado a sala.
Herramienta, bichera y toro
En el Senado también hubo cruce durante la votación de la ley de emergencia carcelaria. Se habló de una herramienta, la bichera y “el toro por las guampas”. Consigna “La República” que la senadora frenteamplista Lucía Topolansky indicó que el proyecto “es una herramienta y no, como dice Bordaberry, un parche”. Ni el gobierno anterior ni el actual han estado quietos, sólo que estos problemas no se solucionan en media hora”, estimó.
“Cuando me referí a que era un parche era que sirven para ganar tiempo. Es sin ánimo de agresión. Hay más coincidencias que desacuerdos. Como se dice en campaña, que nadie se enoje si señalamos que hay bichera, porque lo hacemos para poner el remedio”, dijo, por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry. Mientras que el senador nacionalista Jorge Larrañaga dijo que le dio pena “que se haya dicho por parte del Poder Ejecutivo que los sucesos de Rocha se dieron casi porque el Parlamento ha demorado con la ley. No es justo que se haya constatado eso”. Añadió que “este instrumento legal por sí solo no va a solucionar el problema”, pero “hay que reconocer que este gobierno ‛ha tomado el toro por las guampas’, es un gobierno de izquierda, ha enfrentado el problema, y si tenemos que alojar presos en cuarteles, se hace” porque “en una situación de emergencia hay que echar mano a lo que sea”.