Opinion | 12 Jul Según el presidente José Mujica, el lunes pasado comenzó en el Consejo de Ministros la discusión, a propósito de las medidas que deben adoptarse a efectos de encarar la reforma del Estado, por considerar que es fundamental dimensionar el Estado a las necesidades del país, y sobre todo, acompasarlo a las condiciones que requieren los inversores para volcar capitales en el país, crear fuentes de trabajo y dinamizar la economía.
El mandatario ha señalado ya desde antes de asumir, en la campaña electoral incluso, que es preciso cambiar el Estado “gordo” que tenemos para hacerlo “puro músculo”, lo que es una referencia apropiada, que tiene que ver además con el ejemplo del Estado paquidérmico a que también ha hecho referencia el jefe de Estado,
Por supuesto, es muy difícil no coincidir con Mujica, desde que este diagnóstico existe desde hace muchas décadas, casi a partir de la incorporación del Estado benefactor como solución para todos los problemas y una fuente inagotable de empleos que financian los actores privados y cada uno de los uruguayos a través de sus impuestos.
Lamentablemente, los sucesivos gobiernos, salvo algunas acciones aisladas y que apenas han arañado la cáscara del problema, han postergado la adopción de medidas de fondo respecto a la adecuación del funcionamiento y tamaño del Estado a las reales posibilidades del país, en tanto en el período anterior el ex presidente Tabaré Vázquez prometió encarar la “madre de todas las reformas” del Estado, pero quedó preso de los condicionamientos de los grupos de poder y de los costos políticos que implicaría llevar adelante acciones que generarían fuerte rechazo de las corporaciones de funcionarios públicos.
Ello explica que su actual sucesor siga enfrentando los mismos problemas que la Administración Vázquez, y haya asumido que a los actores privados hay que ofrecerles condiciones para que puedan desenvolverse en las mejores condiciones posibles, aflojando el peso del Estado “gordo” y convidado de piedra de todo emprendimiento, incluso desde antes de su nacimiento.
En su audición radial el mandatario hizo referencia nuevamente a la falta de compromiso del funcionariado público con su función, en su tesitura de que debe cambiarse la mentalidad de los trabajadores estatales para que participen en este proceso de reforma, que no pasa solo por leyes y medidas sino también por cambios en gestión y en el compromiso.
Manifestó que “va a costar” implantar “el sentido de pertenencia” en los funcionarios públicos, quienes deberán comprender que “el honor de trabajar en el Estado es tener que ver con la suerte general de la nación entera”.
Por supuesto, las apelaciones del presidente suenan muy bien a los oídos pero difícilmente esa semilla germine en una burocracia que se ha mostrado siempre impermeable a atender y entender a todo lo que no responda a sus intereses, que por lo general son atenerse al trabajo “light”, a la ley del menor esfuerzo posible, y considerarse el ombligo del mundo, diluyendo responsabilidades y a la vez oponerse a todo lo que pueda significar una amenaza a la inamovilidad y sus condiciones de trabajo.
Pero, el presidente sigue convencido –por lo menos así lo transmite—de que pueda encararse una reforma del Estado con el aporte de los funcionarios de los gremios estatales nucleados en el Pit Cnt, el que hasta ahora ha demostrado ser parte interesada en dejar todo como está y de considerar todo cambio posible como una amenaza a la fuente laboral dentro del Estado, lo que aparece como un contrasentido inaceptable para el ciudadano común, pero de amplia consideración como verdad absoluta dentro de la corporación de estatales.
Mujica se refirió a la reforma que intenta promover y evaluó que ello “nos lleva a tener que hacer algunas leyes nuevas, pero que mucho más tendremos que devastar un conjunto de leyes que se han tranformado en trabas y no en garantías”.
“Hay que multiplicar las garantías y no las trabas”, sostuvo, para acotar luego que “no va a ser sencillo y la primera discusión hay que tenerla con los trabajadores, y si los trabajadores no entienden es imposible caminar”, a la vez que “no se convence a prepo a nadie”.
Premonitoriamente, además, evaluó que “por eso este proceso va ser muy arduo”, lo que indica claramente que tiene plena conciencia de la magnitud del desafío, lo que es un buen principio. Pero lo que sí es una incógnita a develar es hasta donde está dispuesto a llegar el presidente en una lucha contra las corporaciones, que va a ser ardua y que implicaría costos políticos que tal vez él esté dispuesto a afrontar, pero persiste la duda respecto a la postura de sectores de su fuerza de gobierno que están precisamente muy distantes de su pensamiento, y que no va a arriar tan fácilmente sus banderas.