Nacionales | 14 Jul Cinco días después que el incendio en la cárcel de Rocha que dejó doce reclusos muertos relanzara el debate sobre la situación del sistema penitenciario, el Parlamento aprobó con apoyo de todos los partidos políticos una ley de emergencia carcelaria, que prevé la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Mientras tanto, reclusos de ese establecimiento iniciaron una huelga de hambre reclamando el esclarecimiento del hecho.
El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y que ya había sido votado por los Diputados. La nueva ley permitirá destinar 15 millones de dólares a la construcción y refacción de centros penitenciarios fuera del presupuesto quinquenal y habilitará la creación de 1.500 puestos de trabajo como guardiacárceles.
Durante el debate, legisladores de la oposición acusaron al gobierno de Tabaré Vázquez de no haber hecho nada para descongestionar las cárceles. En tanto, el senador colorado Pedro Bordaberry propuso intentar que los presos paguen sus propios gastos con diversos trabajos en las cárceles.
La aprobación de la ley tuvo lugar el mismo día que el centenar de reclusos de la cárcel de Rocha iniciaron una huelga de hambre para reclamar que se determinen las responsabilidades del incendio. El lunes, familiares de las víctimas realizaron una marcha en la que acusaron al jefe de la guardia de no abrir las puerta a tiempo para salvar a los reclusos. El incendio, aparentemente accidental, ocurrió en la madrugada del jueves, cuando las llamas consumieron un bloque entero que albergaba a 20 presos. Doce de ellos murieron por afecciones respiratorias y asfixia y los otros ocho sufrieron quemaduras graves.
El gobierno ha indicado que no hubo negligencia de la guardia carcelaria, pero el Frente Amplio citó hoy al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la Cámara de Diputados, para que explique y brinde detalles de los hechos. Mientras, los diputados nacionalistas votaron una interpelación si sus explicaciones no conforman. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a investigar el hecho y prevenir su repetición, recordando que el Estado está obligado a garantizar la vida de los reclusos.
Por otra parte, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, entregó ayer el informe final sobre el incendio de la cárcel de Rocha, donde asegura que la posibilidad cierta de incendio afecta a más del 80% de la población reclusa del país. Según informó radio “El Espectador”, el documento establece que las responsabilidades sobre la respuesta policial deben ser determinadas por la Justicia. Sin embargo, destacó que por ahora y sin perjuicio de lo que resulte de la indagatoria judicial, no se cuenta con elementos para confirmar o descartar la denuncia de eventual negligencia de la comandancia de guardia.
Dentro de las conclusiones del informe se determina que la seguridad del rescate se vio complicada por la acción instintiva de quienes, desde el recinto, empujaban con todas sus fuerzas la puerta hacia afuera, trabando involuntariamente el candado y el pasador exterior. Se destaca, además, que el establecimiento disponía de dos extintores, cuya carga estaba agotada.
Garcé señaló en su informe que la cárcel departamental de Rocha es un edificio obsoleto, cuya capacidad se encuentra largamente desbordada, y que la población reclusa, que incluye hombres y mujeres, permanece en alto riesgo. Según las investigaciones de Garcé, en idéntica situación se encuentran las personas internadas en los departamentos de Rocha, Rivera, Maldonado y Colonia.