Locales | 19 Jul Unos cuarenta sanduceros ex trabajadores portuarios de la Administración Nacional de Servicios de Estiba presentarán demandas administrativas ante el Banco de Previsión Social por lo que consideran incumplimientos a la legislación que en su momento les garantizó un resarcimiento económico y la reinserción en otros organismos del Estado.
El abogado Joaquín Gelsi Castillo representa a decenas de ex trabajadores en la misma situación en todo el país y llegó a Paysandú para asesorar a quienes estén dispuestos a presentar sus demandas.
Gelsi Castillo, hijo del abogado y profesor Adolfo Gelsi Bidart, explicó a EL TELEGRAFO que los potenciales demandantes son “ex trabajadores de la Estiba –lista A-”, quienes se vieron afectados por la Ley 16.246 de 1992, que “privatizó los servicios portuarios”.
“Esa ley estableció que los trabajadores de la estiba, aquellos que tenían derecho jubilatorio, cobraban una compensación de 24 jornales o sueldos –equivalentes a 20.000 dólares- y se jubilaban”. Mientras tanto, de acuerdo a esta ley, aquellos que aún no tenían derecho jubilatorio (situación de la gran mayoría de quienes eran estibadores en los puertos de Paysandú, Salto y Fray Bentos) recibirían una compensación de 24 jornales por el Estado. Asimismo –explicó el abogado- se previó la formación de comisiones en cada uno de los puertos que serían dirigidas por la Intendencia Municipal y se establecía el compromiso de redistribuirlos en otras reparticiones del Estado. Estas compensaciones económicas serían pagadas por ANSE, el Centro de Navegación y la Asociación Nacional de Puertos, pero –según Gelsi Castillo-- únicamente ANSE cumplió con su parte, abonándole entonces alrededor de 79.000 pesos (un tercio del total) a cada empleado que no tenía derecho jubilatorio. No obstante no se cumplió con la ley, ya que además de no otorgarles la totalidad de la indemnización tampoco se los redistribuyó en otros organismos del Estado.
“Entiendo que acá se obró lo que se llama ‘despido indirecto’, porque no se les pagó lo que corresponde y los dejan en la calle. Además, tampoco se los jubila”, sostuvo el abogado.
Unos 40 en Paysandú
Aseguró que su trabajo en este momento es asesorar a los trabajadores que no pudieron acceder a una jubilación y tramitar reformas para aquellos que, si bien accedieron a una prestación, ésta no llega al monto que establece la ley. El abogado entiende que la Ley 16.246 pretendió reducir el aparato estatal “a costa del sacrificio de los obreros”, negándoles “la legítima capacidad de generar ingresos y de trabajar”.
“Es de una injusticia social escandalosa”, subrayó. Estimó que en todos los puertos del país habría unas 5.000 personas en la misma situación, de las cuales unas 40 son de Paysandú. Además, aseguró que, según anunció el BPS en Río Negro, los ex trabajadores de Fray Bentos que presentaron demandas similares “en el mes de agosto ya estarían cobrando la primera jubilación con la retroactividad”.
“Además estamos presentando en el BPS unos escritos pidiendo que se les compense por la suma no pagada por la ley”, añadió Gelsi Castillo, quien presentó un proyecto de ley que establece un mecanismo de compensaciones.