Locales | 23 Jul El intendente Bertil Bentos designó una comisión integrada por responsables de distintas áreas del Ejecutivo departamental, con el cometido de estudiar la situación de unas 400 personas cuyos contratos de trabajo vencen el próximo 31 de julio. La comisión deberá, antes de esta fecha, presentar un listado de aquellos que continuarán en funciones. Consultado al respecto, Bentos dijo a EL TELEGRAFO que la referida comisión es coordinada por el secretario general de la Intendencia, doctor Horacio De los Santos, e integrada además por el titular de la Asesoría Letrada Municipal, doctor Martín Etchebarne, la directora de Recursos Humanos, doctora Cristina Zeni, y el director general de Administración, Heber Coello.
“La comisión está haciendo un estudio caso por caso en base a la evaluación que están haciendo los directores de cada área y la resolución final será tomada con anterioridad al 31 de julio”, informó.
“Partimos de la base que se trata de una situación heredada, ya que son contratos a los que la anterior administración le puso una fecha de finalización. Lo que estamos viendo ahora es qué servicios que prestan esas personas continúan siendo necesarios, a criterio de los directores de área”, explicó.
De acuerdo al Informe de Transición, entregado a Bentos por la ex intendenta Helena Heinzen, la anterior administración de gobierno finalizó con un total de 1.798 funcionarios, de los cuales 941 son presupuestados y unos 700 contratados que en su mayoría vencen el 31 de julio próximo. Heinzen explicó en aquel momento que “la fecha de vencimiento de los contratos se fijó teniendo en cuenta que la nueva administración tenga cierto tiempo para conocer las tareas a las que están asignados, definir si éstas continuarán y renovar o no esas contrataciones”. En el detalle provisto por la Dirección de Recursos Humanos de la Intendencia, hay diverso tipo de contrataciones: 393 están en situación de contrato por función pública y hay otros 300 entre eventuales especiales y eventuales comunes, existiendo además contratos por arrendamientos de servicios. La cifra de “aproximadamente 400 puestos de trabajo” que están siendo analizados según explicó el intendente, corresponden a los contratos por función pública.