Nacionales | 17 Jul El gobierno presentó un borrador de trabajo que resume los “ejes e instrumentos del Fortalecimiento Institucional del Estado”, y que implica crear un nuevo estatuto del funcionario público, cambiar el sistema de ingresos, ascensos y movilidad y regular a los funcionarios de confianza. El documento está abierto a la discusión pública y se hará llegar a los trabajadores, parlamentarios y la ciudadanía. Los trabajadores de los gremios públicos se manifestaron reclamando participación en la reforma.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, presentó en la Torre Ejecutiva un borrador denominado “Los ejes e instrumentos del fortalecimiento institucional del Estado”. Recordó que meses atrás se constituyó un grupo de trabajo institucional integrado por las jerarquías de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Prosecretaría de la República y de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que se abocó a sentar las bases del fortalecimiento estatal en el área de los recursos humanos. Subrayó que el escrito será distribuido a los representantes de los trabajadores, los parlamentarios y a la opinión pública. Explicó que consta de tres partes. La primera referida a tres ejes: el nuevo Estatuto del Servidor Público, la simplificación de los vínculos laborales con el Estado y la regulación de los cargos de carácter político y de particular confianza.
El documento, presentado a los ministros el pasado lunes, fue objeto de sugerencias que fueron incorporadas y ya forman parte del borrador. El texto del borrador indica que este nuevo estatuto --que también incluye la “ventanilla única”, denominada en este caso el Ingreso Democrático del Estado-- se comenzará a implementar a partir de 2011 en organismos “piloto” (dos o tres ministerios).
En el borrador se propone, entre otras cosas, rediseñar una nueva escala salarial donde el “grueso de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociada a ella”. Incluye también el rediseño integral de la carrera administrativa, sustituyendo las “viejas estructuras escalafonarias y de grados”. La propuesta procura incorporar una “concepción más dinámica de grupos ocupacionales y clarificación de los distintos niveles de responsabilidad”. Plantea también un cambio en los niveles de conducción, que no sean más cargos ejercidos de forma permanente sin funciones “concursadas y condicionadas al cumplimiento de compromisos de gestión”. Según el borrador, los ministros tendrán partidas especiales para los cargos políticos que podrán ser cesados unilateralmente y quedarán sin efecto cuando termine la gestión del secretario de Estado.
La segunda parte refiere a una serie de instrumentos de abordaje de la estrategia de fortalecimiento institucional del Estado y, por último, se presenta un cronograma estimativo de elaboración de los instrumentos legales que se utilizarán para la reforma del Estado. Breccia reiteró que se trata de un documento abierto a la discusión, que se inscribe dentro de una estrategia gubernamental encarada por el presidente José Mujica y el gabinete ministerial. Agregó que el objetivo final es la búsqueda del fortalecimiento institucional del Estado como herramienta para la defensa de los intereses soberanos de la nación.
El Poder Ejecutivo asegura que se trata del inicio de un proceso que será altamente participativo y que se mantendrá abierto a cualquier tipo de sugerencia por parte de la ciudadanía. Sin embargo, trabajadores de los gremios públicos se manifestaron el viernes frente a la Torre Ejecutiva reclamando participar en el proceso de reforma, y ya anunciaron una serie de paros para agosto en apoyo a su demanda. Los representantes de los sindicatos ya manifestaron su malestar. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, reclamó que el gobierno debe negociar con los gremios antes de anunciar reformas. “Nosotros queremos demostrarle al Poder Ejecutivo que por estos caminos no camina la cosa. Acá hay una ley de negociación colectiva y el gobierno la tiene que cumplir”, indicó López, afirmando que el gobierno “no tiene que consultar, sino negociar”. Aseguró además que si el Poder Ejecutivo no cumple con la ley “habrá que denunciarlo ante los organismos que corresponda”.