Opinion | 25 Jul Un informe reservado elaborado por el anterior responsable de prensa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), publicado por el semanario “Búsqueda” en su edición del pasado jueves 22 de julio bajo el título “Un informe ‘reservado’ del MGAP” categoriza a periodistas como “confiables” o “no confiables” y alude a sus afinidades políticas.
Dicho informe fue elaborado por el encargado de prensa del MGAP Juan Angel Fernández cuando el actual Presidente de la República, José Mujica, era titular del ministerio y está fechado en julio del 2008. Según establece el documento, el mismo está destinado a orientar el “manejo con la prensa” de las jerarquías de dicha Secretaria de Estado.
Del texto del documento se desprende que Fernández describió y calificó un total de 21 medios de comunicación y a 34 periodistas.
En la síntesis del artículo que aludimos se establece que Fernández en el informe indica que un actual asistente del ministro Tabaré Aguerre “no es confiable”, “No vale la pena cambiar una agenda para darle una nota”. Expresa que un profesional de Tacuarembó es un periodista “confiable, a diferencia de la casi totalidad de los comunicadores del interior del país”. También menciona en diversas oportunidades antecedentes político partidarios asociando una emisora de radio capitalina con el senador Jorge Larrañaga; dice que unos periodistas representan “una cultura reaccionaria”, que otro es “hombre de confianza del Dr. Luis Alberto Lacalle y el siguiente es “serio y responsable” aunque “conservador por descendencia y por formación”.
En un recuadro titulado “El índex del MGAP” la nota del semanario destaca dos nóminas. En una de ellas se incluyen los diez periodistas que según el documento son “serios”, “responsables”, “trabajadores”, “de confianza”, “muy bien conceptuados”, “queridos en el ambiente” y/o sostenedores de “la gestión del MGAP y del gobierno nacional”, merecedores de atención por parte de las autoridades.
En la otra lista aparecen 22 periodistas “no serios”, “no confiables”, “inescrupulosos”, “no trabajadores”, “críticos del gobierno”, sin “dominio del tema”, “no queridos en el ambiente”, “enrabados” a blancos o colorados y/o “despreciativos de la izquierda”. No merecedores de atención por parte de las autoridades.
El documento firmado por Juan Angel Fernández está caratulado “Reservado Apuntes sobre los perfiles de algunos de los medios y comunicadores con los que más asiduamente nos relacionamos. En el entendido que puede servir de orientación para el manejo cotidiano”. Pero, pese al enunciado, no existe referencia alguna a ninguna publicación que se edite en el Interior del país. Sólo analiza en profundidad los diarios capitalinos. El ministerio, cuya razón de ser está fundamentalmente “campo adentro”, no considera para nada ni a la más modesta publicación de la población más pequeña ni a los importantes diarios de las principales ciudades, todos los cuales presentan cotidianamente páginas y páginas destinadas a la actividad agropecuaria.
Que en una dependencia del Estado exista una oficina de relacionamiento con el periodismo es práctica habitual y, generalmente, de bienvenido apoyo para la prensa en general.
Que esa oficina conozca el perfil y la penetración de los distintos medios así como las características profesionales de los comunicadores resulta muy conveniente para el cumplimiento de su fin específico.
Pero que esa o cualquier otra dependencia investigue el pensamiento político de los comunicadores y que esa información sea determinante para aconsejar tratamientos tanto personales como comerciales resulta a todas luces contrario a las más elementales normas de convivencia en un régimen auténticamente democrático y debe ser analizado a fondo.
A raíz de la publicación del artículo que aludimos se ha formulado en la Cámara de Diputados un pedido de informes sobre la posible existencia de “listas negras” de periodistas así como la probable incidencia de informes políticos a la hora de fijar pautas publicitarias. Es, indudablemente, una situación que debe ser aclarada totalmente en beneficio del sagrado derecho a la libertad de expresión.