Nacionales | 25 Jul El Ministerio de Relaciones Exteriores impulsará un proyecto para anular la denominada Ley de Caducidad con el objetivo de evitar que Uruguay reciba una condena internacional de la Organización de Estados Americanos, en tanto la oposición critica que no se respeta la decisión popular.
Uruguay “debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió el canciller Luis Almagro en una reunión con legisladores y dirigentes del Frente Amplio, según informó “Últimas Noticias”. Durante el encuentro, Almagro recordó que nuestro país fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Fuentes del gobierno señalaron que desde la Cancillería se trabaja en elaboración de un proyecto que anule y declare inexistente la norma, el cual será enviado próximamente al Parlamento. La ley, promulgada en 1986, fue ratificada por la ciudadanía dos veces en 20 años --en sendos referendos de 1989 y 2009--.
El diputado Felipe Michelini, del sector Nuevo Espacio, expresó a radio “El Espectador” que Uruguay ya fue condenado por este tema en 1992 y posteriormente recibió otra condena del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo a su protocolo facultativo. En caso que no se haga nada al respecto, se espera una sanción mayor, acompañada de una sentencia de la Corte Interamericana. Michelini advirtió también que era conocido por todos los cancilleres que pasaron por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penadés se mostró sorprendido por la iniciativa tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que entiende que debe dedicarse a los temas que le competen, como la relación con Argentina y Brasil y la apertura comercial. “Es torcer la voluntad popular. Porque ya ha quedado demostrado que esa ley, sea conflictiva o no, compartible o no, ha sido ratificada en dos oportunidades por el cuerpo electoral (…). Entonces me parece que hay en el fondo una falta de respeto hacia la opinión de la gente, sin perjuicio de lo cual, si se quiere plantear un proyecto de derogación, estamos dispuestos a estudiarlo y a analizarlo”, dijo.