Opinion | 21 Jul La tragedia ocurrida en la cárcel de Rocha, en que un incendio cobrara la vida de doce reclusos, puso de relieve una vez más –por si hacía falta— las paupérrimas condiciones en que se encuentra el sistema carcelario uruguayo. Como era de esperar, este tristísimo acontecimiento disparó una interminable secuencia de debates, análisis y cuestionamientos políticos, donde unos buscan culpables mientras otros asumen responsabilidades inconducentes. Entre quienes hicieron mea culpa públicamente destaca el ex presidente Tabaré Vázquez, quien tras calificar el hecho como “algo terrible”, asumió “toda la responsabilidad” del caso por no haber logrado durante su gobierno, superar la grave crisis del sistema penitenciario. Al respecto aclaró que “recibimos una situación; no la creamos”, algo en lo que sin dudas todos coincidimos.
El problema es que la población carcelaria supera ampliamente la disponibilidad de los centros penitenciarios, situación que lejos de revertirse empeoró drásticamente en los últimos años a pesar de algunas medidas de emergencia tomadas durante la anterior Administración, entre las cuales estaba la cuestionada “Ley de humanización del sistema carcelario”. En este sentido tampoco parecen haber resultado efectivas las políticas sociales y de contención; cabe entonces preguntarse cómo es posible que en un país en crecimiento, con profundos programas de apoyo a los más pobres y marginados, se registre tan alta proporción de ciudadanos privados de su libertad.
La respuesta no es sencilla y seguramente existe infinidad de opiniones al respecto, lo que ameritará un profundo análisis del Gobierno para determinar las verdaderas causas. Llegado el momento, a nuestro juicio debería tenerse en cuenta una serie de factores que podrían estar incidiendo negativamente, como podría ser el hecho de que quien delinque sabe que en el peor de los casos, si fuera apresado, su pasaje por la cárcel será cuando menos por un corto período en el cual tendrá derecho a salidas transitorias, visitas de familiares, comunicación con el exterior por telefonía celular, atención en salud, al tiempo que recibirá alimento y techo donde cobijarse sin mayores esfuerzos.
En los países desarrollados es común que un infractor de tránsito reincidente reciba penas más severas que un ladrón o quien comete una rapiña en Uruguay, por ejemplo cuando son sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad. Paradójicamente lo que se logra entonces cuando se reducen las sentencias a los delincuentes es hacer crecer aún más la población carcelaria, por cuanto resulta en una suerte de promoción de delitos.