Locales | 25 Jul En diálogo con EL TELEGRAFO, los ediles Luis Lopardo, Guillermo Caraballo, Walter Duarte y Enrique Avellanal, reafirmaron lo expresado por el Frente Amplio en la Junta Departamental respecto del traslado de funcionarios y nuevos ingresos a la administración departamental.
Lopardo subrayó que “en cuanto al traslado hay una evidente preocupación del gremio y de toda la familia municipal, porque son numerosos, con secciones que han sido prácticamente desmanteladas y pasando el personal a otras reparticiones. Lo que a nuestro juicio tiene un contenido más bien de castigo si vemos el lugar del que salió el funcionario y a dónde fue derivado”. “Por otro lado --agregó-- tenemos una avalancha en cuanto a ingresos. Nosotros entendemos, porque así lo marca el sistema legal vigente, que el intendente tiene derecho a incorporar el personal de su confianza política en los lugares que crea convenientes para el desarrollo de su administración. Pues bien, de acuerdo a los números que se manejan --todavía no tenemos información oficial-- estaríamos largamente excedidos del número de personal de carácter político que tuvieron las administraciones municipales desde 1985 a la fecha. Entendemos que esto ya excede lo que sería personal de confianza política del intendente y como ‘para muestra basta un botón’, de la Junta Departamental egresaron 20 ediles para cumplir funciones a la nivel de la Intendencia, más todos los que no eran ediles pero de acuerdo a la información de prensa han ingresado a la comuna”. Sostuvo que “hay casos notorios que no podemos tolerar de nepotismo político, caso concreto de lo sucedido en el Municipio de Porvenir, donde el esposo de la alcaldesa esta ocupando un cargo municipal. Creemos que es una actitud absolutamente desmedida que va contra todo principio de buena administración”. El curul refirió al trabajo de una comisión que estudiará el vencimiento de cuatrocientos contratos municipales que vencen el 31 de julio y rechazó el procedimiento, ya que según su óptica “nadie puede evaluar en 9 días personal al cual nunca le vio la cara, porque el personal de confianza del FA que conocía a dichos contratados, cesó en sus funciones y los actuales directores generales y de área a muchos o a la mayoría de estos empleados no los conoce”. Lopardo recomendó “recontratar por 60 o 90 días a este personal, a los efectos de que su equipo de gobierno pueda hacer una evaluación correcta”.
mal comienzo de
la administración
Por su parte el edil Caraballo evaluó que “esta situación puede ser vista desde dos ópticas”. En primer término la cuestión que involucra estrictamente al funcionario municipal, “en lo cual la Junta Departamental tiene que preocuparse por el asunto de lo que vaya a pasar, el traslado, algunas cosas evidentemente sancionatorias; el manoseo de los legajos de la gente y otros problemas, una desprolijidad de los primeros días de la administración”. El otro enfoque refiere -añadió el curul- a la ciudadanía y a todos los que debería interesar este tema, ya que “estamos hablando de los recursos humanos de la Intendencia y toda corporación, uno de los capitales más importantes que tiene está en su personal”. Recordó que “la Intendencia del Frente Amplio había comenzado algo que no es fácil de lograr”, relacionado a “un tema de organización de recursos humanos y bien claramente dicho sin ‘camisetas partidarias’, en un trabajo con el gremio. Pero estas decisiones rápidas e intempestivas comienzan a desandar ese camino y parece una paradoja escuchar eso de ‘Paysandú avanza’; más bien se debería complementar diciendo que avanza pero al siglo XIX”.
MÁs de setecientos contratos
Walter Duarte proporcionó en forma concreta los datos del “documento de la transición, que además esta en Internet, de los que surgen los 29 contratos que vencieron el 8 de julio junto con la administración del FA. Pero el grueso son 324 contratos de función pública, 103 obreros, 214 eventuales especiales (de alguna manera quienes tienen la situación más precaria desde el punto de vista jurídico) y despues un abanico muy grande en cuanto a arrendamiento de servicios que totaliza 80 contratos”. Dijo que se habla “de más de 700 personas que el 31 de julio tienen vencimiento de contrato laboral, o sea que además de lo cualitativo también tenemos que resaltar lo cuantitativo”, en tanto Avellanall añadió que “se están violando todas las formas dispuestas en el Estatuto del Funcionario que dispone la forma de ingreso a la IDP, un documento que se votó en el gobierno departamental del intendente Alvaro Lamas, en el cual Bertil Bentos era secretario general, votado por unanimidad en la Junta Departamental”. Además, recordó el anuncio de Bertil Bentos de llevar adelante una adminstración “con buena aplicación de los recursos y sin crear más burocracia”, pero el camino elegido no redundará en una relación armoniosa con el funcionariado.