Opinion | 27 Jul Como hemos informado, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá la anulación de la Ley de Caducidad. Se fundamentará en que la medida tiene por objetivo evitar que Uruguay reciba una condena de la Organización de Estados Americanos.
La iniciativa fue anunciada por el Canciller Luis Almagro a un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio recordando que nuestro país fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de la desaparición, ocurrida en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Se ha señalado que en la Cancillería se trabaja en la preparación de un proyecto de Ley que será enviado al Parlamento para que deje sin efecto y declare inexistente la referida norma.
Se trata de una ley que en todo momento ha sido objetada por amplios sectores del partido de gobierno. Sin embargo, tras ser promulgada en 1986, poco después del retorno a la democracia en nuestro país, ha sido ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades. Los plebiscitos convocados con la intención de lograr su anulación mediante el procedimiento de consulta popular previsto por la Constitución de la República resultaron tanto en 1989 como en el 2009 contrarios a dicha intención. En ambas oportunidades los resultados de los referendos fueron claros a favor del mantenimiento de la Ley, lo que manifiesta claramente la posición del pueblo uruguayo al respecto.
Recordemos que fue precisamente a través de un plebiscito que la ciudadanía se manifestó abrumadoramente contra la dictadura militar, en ese momento omnipotente gobierno de nuestra nación.
Resulta, por otro lado, bastante curioso que la iniciativa esté siendo elaborada en el Ministerio de Relaciones Exteriores ya que no parece estar en sus fines específicos más allá de que se trata de un tema cuya resolución nos compete a todos.
Voceros de diferentes sectores del partido de gobierno se han manifestado acordes con la iniciativa de la Cancillería advirtiendo la posibilidad de que nuestro país pueda ser sancionado por la Corte Interamericana, aunque se desconoce el alcance que tales “sanciones” podrían tener.
A su vez legisladores de la oposición se han mostrado sorprendidos advirtiendo que se intentaría “torcer la voluntad popular” y que se trataría de “una falta de respeto hacia la opinión de la gente”. A la vez, en todos los casos, se mostraron partidarios de considerar la iniciativa, si es remitida a los legisladores.
Han transcurrido ya veinticinco años de la vigencia plena de la democracia en nuestro país, muchos de quienes violaron la Constitución y los Derechos Humanos cumplen penas determinadas por la Justicia, ciudadanos de los tres partidos mayoritarios han sido titulares del Poder Ejecutivo, el Presidente anterior fue un destacado líder de la izquierda nacional y el actual Presidente de la República Oriental del Uruguay es un ex jefe de la guerrilla revolucionaria y su grupo el sector mayoritario del partido de gobierno.
Parecería que la iniciativa que motiva este comentario instalará una nueva polémica, vendrán los debates y los discursos, las campañas y los actos públicos y la ciudadanía se preguntará una y otra vez qué se debe hacer, si mantener o derogar la Ley de marras, y de paso, qué valor puede tener la convocatoria a un plebiscito cuyo resultado no se piensa respetar si es adverso a la posición del Frente Amplio.
Por todo esto, y por la salud de nuestra democracia, la verdadera pregunta que tendríamos que hacernos todos es si debemos o no volver a considerar el tema.