Locales | 24 Jul Ayer se cumplió la primera sesión ordinaria de la Junta Departamental del presente período, con la presidencia del edil Roberth Pintos y de vecinos del Barrio Río Uruguay, cuya problemática fue presentada en sala por el edil frenteamplista Walter Duarte, quien leyó una nota entregada por la Asociación Civil de dicho barrio, con la firma de Hugo Gularte (presidente) y Mariana Caballero (secretaria). La misiva expresa lo siguiente: “representamos a un barrio compuesto por 104 viviendas con una población de más de 700 personas. El mismo fue construído en un plan de realojo de zona inundable y además somos habitantes muy humildes, con pocos ingresos, con familias numerosas en la mayoría de los casos. Nos presentamos ante ustedes para plantear distintos problemas que se viven en el barrio, entre ellos endeudamiento con los organismos públicos (OSE, UTE) solicitando condiciones adecuadas a nuestros ingresos para regularizar las deudas y suspensión del corte de servicio; regularización de los títulos correspondientes a las viviendas y facilidades para sus mejoras; mejoras en el barrio y en su entorno; solicitamos que esta situación sea constatada por medio de un censo”. El edil Duarte agregó --entre otros conceptos-- que los vecinos “no quieren que se les regale el suministro, sino lograr un sistema tarifario especial”, ni tampoco pretenden “colgarse a la energía eléctrica o robar el agua”, ni volver a las mismas situaciones de endeudamiento. Además recordó que en esa zona no tiene vigencia el sistema de tarifas de bajo consumo, ya que éste requiere que “haya varias familias en un solo padrón”. Tampoco tiene cabida la resolución aplicada a quienes usufructuaban planes de financiación de deudas hasta en 60 cuotas. A su vez Duarte dijo que acompañó a los vecinos en sus gestiones ante la oficina de UTE, destacando la buena forma en que fueron atendidos, así como la presencia --en la Junta-- de los integrantes de la Comisión de Industrias de la Cámara de Representantes. Respecto a un anterior planteo en sala, recordó lo expuesto en relación al programa “Juntos”, que se creara a instancias del presidente de la República, que cuenta con un histórico acuerdo cuatripartito y por tanto es “muy importante que las juntas departamentales tengan participación, porque son las que están cerca de la gente”.
Coincidencias del nacionalismo
Desde la bancada del Partido Nacional intervinieron los ediles Arcieri y Silva, quienes aceptaron la validez del planteo en apoyo de los vecinos del referido barrio. Arcieri dijo que sería menester enfocar este problema desde el punto de vista general e incluso solicitar a UTE que tenga a bien informar sobre la cantidad de usuarios que hoy día tiene el servicio cortado por falta del pago de facturas. Silva en tanto, señaló que la empresa estatal de energía tendría que aplicar el mismo criterio y considerar una solución en forma urgente por el mismo carácter de “responsabilidad social” por el cual no se le corta el suministro a la empresa multimedios “Plural” de Montevideo que --sostuvo-- tiene una importante deuda con UTE. Finalmente se votó por unanimidad la realización de gestiones urgentes ante UTE para la reinstalación del servicio, así como ante otros organismos vinculados, incluyéndose la Comisión de Industrias, así como reclamando la importancia de que intervenga la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Declaracion del
frente amplio
En la media hora previa, el edil Luis Lopardo, en nombre de la bancada frenteamplista, leyó una declaración firmada por la Mesa Política Departamental, los ediles y el representante nacional, Gustavo Rombys. En la misma expresan “su profunda preocupación frente al proceder de la actual administración municipal representada en el señor Bertil Bentos del Partido Nacional”, donde la actual situación laboral de los funcionarios se traduce en “traslados masivos y sorpresivos que generan incertidumbre en la familia municipal; ingresos masivos que no se están dando mediante la forma de concurso o el sorteo, violentando el compromiso adquirido y que no condicen con la promesa de austeridad, trasparencia y armonía funcional hecha por el actual intendente. Que conspira contra la ética política, poniendo de esta manera en riesgo el proceso de convivencia democrática”.
“Como fuerza política –añade el escrito-- creemos que lo primero es el interés de la gente, por sobre lo político, partidario o personal. Y que una administración responsable, tolerante y respetuosa, debe en su gestión, continuar una política de Estado municipal que siga apuntando de forma permanente a la capacitación de sus funcionarios, respetando la carrera funcional y los derechos adquiridos, como forma de prever que ante el cambio de gobierno no se genere una desestabilización laboral, afectando la calidad de los servicios”. En las argumentaciones previas, el edil Lopardo se preguntó: “¿todos los cargos son de particular confianza? Porque de ser así, se habrán batido todos los récords desde 1985 a la fecha. Solo de este cuerpo han pasado 20 compañeros (ediles) a la Intendencia, con los cuales hemos trabajado en el período anterior y a los que deseamos la mejor suerte”. Habiendo expirado los cinco minutos de que dispone cada edil para intervenir oralmente en esa primera parte de la sesión, no pudieron hacer uso de la palabra varios ediles nacionalistas que habían señalado dicha intención a la presidencia.

REUNIÓN ESPECIAL POR PUERTO
El edil frenteamplista Martín Goyeneche hizo un planteo, sobre el que nos extenderemos posteriormente, respecto a lo actuado por la Administración Nacional de Puertos y la Cipup, en cuanto a la recuperación del puerto sanducero. Planteó que se reciba a representantes de dicho organismo nacional y de la comisión vecinal en una sesión especial. La mesa de la Junta Departamental hará los acuerdos correspondientes y establecerá la fecha en que se llevará a cabo dicha sesión. También intervino el edil nacionalista Jorge Bartaburu, quien ha trabajado en el tema desde la década de 1990, para referir a lo que está aprobado en cuanto al dragado, debiendo interrumpir su intervención por haber agotado los cinco minutos establecidos en la media hora previa.