Opinion | 26 Jul Evitar males mayores parece ser la postura del actual gobierno, que por todos lados intenta librarse de juicios internacionales. Es por ello que ha dado marcha atrás a algunas de sus decisiones y a otras tomadas por la anterior administración.
La primera muestra fue días atrás cuando el gobierno expresó su disposición a modificar las condiciones del llamado de la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo. La idea es que la empresa belga Katoën Natie deje sin efecto el arbitraje millonario que pretende iniciar, por lo que entiende fueron violaciones al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones vigente entre Uruguay y Bélgica. Se llegó a hablar que el perjuicio económico para el Estado podría ser de 500 millones de dólares. Según el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, el Poder Ejecutivo procura evitar la imagen de “Uruguay, país litigante”.
Ahora se supo de dos cambios para evitar problemas. Por un lado, el Poder Ejecutivo --más precisa y sorprendentemente el Ministerio de Relaciones Exteriores-- impulsará un proyecto para anular la denominada ley de Caducidad, con el objetivo de evitar que nuestro país reciba una condena internacional de la Organización de Estados Americanos. El ministro Luis Almagro advirtió que Uruguay “debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, sin especificar el alcance que podría tener esta “condena”. Recordemos que esta ley fue ratificada por la ciudadanía dos veces en 20 años, en sendos referendos de 1989 y 2009. Y casi en simultáneo con lo anterior, el gobierno da marcha atrás en parte de su política antitabaco al resolver reducir el tamaño de los pictogramas de advertencia de las cajillas de cigarrillos y revisar la normativa que prohíbe la posibilidad que las marcas puedan presentar más de un producto. La filial local de Philip Morris inició la demanda con el fin de buscar una reparación al daño causado por las medidas regulatorias tomadas por el gobierno en los últimos dos años, que perjudican las inversiones de la empresa en el país. La tabacalera argumentó su demanda en la resolución que establece una única presentación por marca de venta al público y en la regulación de los pictogramas.
Quizás sea “una muestra de debilidad”, tal como lo considera el ex presidente Tabaré Vázquez. O que el gobierno quedó “quemado con leche” por el diferendo internacional con Argentina que le costó al Estado 7,4 millones de dólares por el juicio de La Haya. Quizás haga falta pensar mejor las cosas para que después no tengamos que retroceder.