Paysandú, Domingo 01 de Agosto de 2010
Opinion | 30 Jul De acuerdo al testimonio del flamante director general de Servicios de la Intendencia, Emilio Roque Pérez, el estado que actualmente exhibe el Relleno Sanitario Municipal es “lamentable” y “horrible”, como consecuencia de la parálisis operativa de la maquinaria y de un sistema de depósito y tratamiento de residuos realmente deficitario.
Según el jerarca, las piletas de decantación no cumplen con su cometido y vierten agua contaminada al arroyo, en tanto el predio está prácticamente colmado y justificaría la utilización de terrenos contiguos para la construcción de un nuevo relleno. La situación constituye una verdadera emergencia sanitaria y de poco sirve hacer consideraciones de tipo político y buscar responsables en la anterior administración, que mantenían al respecto un fuerte hermetismo incluso para la prensa que en reiteradas oportunidades procuró información, pero resulta impostergable la rápida rehabilitación de unas instalaciones que reciben a diario toneladas de desechos que, de no ser debidamente procesados, generarán un impacto ambiental difícilmente reversible.
De acuerdo a la estimación del jerarca, la escasez de maquinaria adecuada para la movilización y compactado de residuos es alarmante, ya que en la actualidad únicamente un bulldozer se encuentra operativo y puede trabajar apenas dos horas seguidas porque se recalienta. Además, la acumulación de basura lleva a que los camiones deban descargar fuera del área correspondiente, debiendo hacerlo en lugares inadecuados para tal fin. Como si toda esta situación no fuese suficiente, la actividad de los hurgadores afincados en el predio parece haberse incrementado y a cualquier hora –fundamentalmente durante la noche-- es posible ver a familias enteras, con hijos pequeños –algo que fuera negado en más de una oportunidad--, esculcando entre las pilas de residuos, no solamente exponiéndose a accidentes, sino también desde el punto de vista sanitario.
La situación, más allá de las causas, es alarmante, y la comuna deberá destinar los recursos necesarios para devolver a estas instalaciones al estado que alguna vez le valió un certificado de calidad del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
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