Opinion | 31 Jul Según un decreto reglamentario aprobado en los últimos días por el Presidente de la República, los servicios de Inteligencia oficiales deberán obligatoriamente suministrar toda la información disponible al Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado.
Esta disposición incluye a los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Policía, Dirección de Asuntos políticos de la Cancillería así como la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.
El decreto reglamentario dice que el coordinador de los servicios de Inteligencia del Estado está facultado para requerir los apoyos y toda la información disponible que posea el conjunto de los organismos de Inteligencia estatal.
El cargo, que responde directamente al Presidente de la República, fue creado por ley en diciembre de 2005 pero permaneció vacante durante todo el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.
Ahora, José Mujica designó para esa función al ex guerrillero Augusto Gregori, considerado persona de absoluta confianza del primer mandatario. Se establece que dicho funcionario deberá requerir la información de los Departamento de Inteligencia de los Estados Mayores, del Ministerio de Defensa, Asuntos Políticos de la Cancillería, Dirección Nacional de Aduanas así como del Banco Central.
El decreto también especifica que la coordinación de los servicios “en ningún caso significará la facultad de realizar tareas represivas, compulsivas ni funciones de investigación criminal”, y que no podrá “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social o económica del país, ni en su política exterior, ni en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones de legales de cualquier tipo”. También indica que solamente podrá revelar información al Presidente de la República.
A todo esto, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados estudia un proyecto para la creación de un grupo bicameral cuya responsabilidad será supervisar mensualmente al coordinador de Inteligencia. La iniciativa planteada por el diputado José Amy apunta al establecimiento de un sistema de vigilancia del suministro y manejo de la información emergente de los organismos involucrados.
Los organismos de Inteligencia del Estado son, para muchos, un “mal necesario” pues pueden llegar a ser fundamentales para prevenir ataques o complots de toda naturaleza, tanto políticos como criminales. Sin embargo, se trata de una actividad que muchas veces está propensa a actuar en contra de las libertades individuales aún en la más plena vigencia de la democracia.
Por ello, seguramente la designación de un coordinador resultará beneficioso para lograr una mayor eficiencia de dichos servicios y podrá ofrecer importantes elementos de consideración a la hora de adoptar resoluciones por parte del Presidente de la República pero, a la vez que se crea un espacio de poder que debe ser vigilado atentamente para evitar la posibilidad de que se produzcan hechos contrarios a la Ley y a los intereses generales de la nación.
Es por esto que el establecimiento de una comisión bicameral de control, compuesta por representantes de todos los partidos resulta imprescindible para la tranquilidad de todos los ciudadanos comenzando por el propio Presidente de la República y el coordinador designado.