Nacionales | 05 Ago Tras seis meses de negociación, la comisión interpartidaria sobre seguridad pública firmó un acuerdo que contempla diversas políticas. Algunas requieren intervención del Poder Legislativo, como las reformas a los códigos Penal y del Proceso Penal y la Ley Orgánica Policial, y la creación del Archivo Genético de ADN. Otras refieren a medidas presupuestales, rediseño y despliegue territorial de la Policía, capacitación y eliminación gradual del Servicio 222.
El diputado oficialista Jorge Orrico informó que la comisión interpartidaria que trabaja en el tema de seguridad pública desde febrero llegó a un documento de consenso. La propuesta tiene dos ejes clave: primero las políticas que requieren una ley: modernizar y actualizar el Código Penal, reformar el Código del Proceso Penal y la Ley Orgánica Policial, crear el Archivo Genético de ADN, así como trabajar en medidas alternativas y un sistema de salidas transitorias que permitan incorporar al individuo a la vida en sociedad, pero con una custodia que impida la reincidencia. Segundo, las medidas que no requieren intervención del Poder Legislativo: medidas presupuestales y rediseño de la Policía Nacional, y concebir una Policía Comunitaria como una modalidad del servicio que debe implantarse en todas las comisarías del país. Se apuesta al despliegue territorial de la Policía, lo que implica una reforma de gestión y profundizar la profesionalización. Para ello, la comisión acordó un sistema para ir eliminando gradualmente el Servicio 222 debido a que quien trabaja 16 horas diarias no puede dedicar tiempo a la capacitación.
Orrico recordó que la seguridad pública es un derecho humano, una necesidad social indispensable para la convivencia humana y una responsabilidad indelegable del Estado. Añadió que es bastante más que un ministerio o una repartición estatal, sino una cuestión de la comunidad entera. El legislador anunció que se crearán más comisarías y destacamentos policiales, distribuyendo los recursos humanos. Esto requiere el ingreso de más personal, especialmente teniendo en cuenta que se procura eliminar el Servicio 222. En la denominada Ley de Emergencia Carcelaria se autorizó al ministerio a contratar hasta 1.500 funcionarios, recordó Orrico.
Por otra parte, un capítulo dedicado a los establecimientos carcelarios plantea que se debe reestructurar todo el sistema, creando un Instituto Nacional de Rehabilitación que opere como un servicio descentralizado.
El acuerdo de la comisión implica que las cárceles salgan de la órbita de la Policía Nacional, lo que no significa que salgan de la órbita del Ministerio del Interior. Se trata de crear un escalafón especializado en la custodia y rehabilitación de los detenidos.
La comisión también abogó por un fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología, que debe tener celeridad y funcionar con eficacia, teniendo en cuenta que se trata de personas detenidas cuya situación se debe resolver rápidamente. Orrico explicó que es necesaria una descentralización de los centros de privación de libertad, sea con la construcción de nuevos establecimientos o con la adaptación de inmuebles ya existentes, pero procurando que estas megacárceles sean disminuidas en su capacidad. El objetivo es contar con cárceles más chicas en las cuales es mejor trabajar. También se refirió a la necesidad de contar con una cárcel de alta seguridad, sobre todo para las personas vinculadas al delito organizado --trata de blancas y tráfico de órganos-- y el fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciaria.