Nacionales | 07 Ago “Un zafarrancho jurídico”
Una perlita parlamentaria. Hurgando en los archivos, mucho se puede encontrar. Las versiones taquigráficas no mienten y demuestran que muchas veces los legisladores alzan su mano fácilmente. “La República” hizo un resumen de cómo se llegó a la derogación del ahora polémico artículo 76 de la ley 2.230, que permitió clausurar el expediente contra los hermanos Peirano Basso.
En síntesis, la cosa fue así: el proyecto planteaba la derogación de varios artículos de la ley 2.230, debido a que de lo contrario permanecerían superviviendo dos regímenes legales distintos para una misma conducta delictiva. Este proyecto contaba con la firma de los senadores Margarita Percovich y Rafael Michelini (Frente Amplio), Sergio Abreu (Partido Nacional) e Isaac Alfie (Partido Colorado). El miembro informante fue Percovich y explicó en la sesión del 23 de octubre de 2008 que al votarse días antes la ley de declaración judicial de concursos y reorganización empresarial, no se había advertido que si no se derogaban los artículos 42 a 44 y 76 de la Ley de Concordatos, implicaría “la existencia de una doble normativa con relación al delito que se establece en el artículo 248 de la Ley de Fraudes y Concursales”.
El proyecto fue aprobado por 21 votos en 23, y pasó a la Cámara de Representantes, que lo consideró el 5 de noviembre de 2008, y aprobó en general por 51 votos en 53. Al ingresar en la discusión particular, el diputado nacionalista Jaime Trobo pidió al oficialismo que aclarara las causas por las cuales se acortaba el plazo de aplicación de la ley a diez días, incluido en el artículo 1º. Hubo un largo debate y la defensa del proyecto por el legislador frenteamplista Diego Cánepa, actual prosecretario de la Presidencia.
Y pidió la palabra el diputado nacionalista Alvaro Lorenzo, quien propuso “cambiar el foco de la discusión”. “Si tengo una sociedad anónima y hago un buco enorme intencionalmente, la dejo insolvente y me presento a la liquidación de la sociedad, esta se liquida. La situación es horrible, todo el mundo queda patas para arriba ­--permítaseme la expresión-- y a mí, como director y artífice de esa maniobra, no se me aplica un régimen sancionatorio, no tengo responsabilidad civil, tal como está establecido en los artículos 42 y 44 de la ley que rige esa liquidación de la sociedad, y tampoco tengo responsabilidad penal, como establece el artículo 76 de la ley 2.230, que estaríamos derogando”, alertó el diputado, abogado de profesión.
“Todo el mundo sabe que en derecho penal, cuando se deroga algo se terminó, y eso significa que los que están adentro, porque fueron condenados por otros delitos, salen, y los que deberían estar adentro por algún proceso penal vinculado a una liquidación, no van a estarlo. Esto me llamó la atención”, añadió. “Quiero advertir a la Cámara acerca de que podemos estar haciendo un zafarrancho jurídico”, afirmó según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
“Por lo tanto, señores legisladores, estamos ante un tema muy importante y debemos votar esto a conciencia y con voluntad”, insistió. Y se pidió el aplazamiento del tema para el final de la sesión. Pero cuando se retomó la discusión, el propio diputado Lorenzo varió su postura: “Más allá de que permanecen los motivos por los cuales pedí la suspensión, creo que es preferible aprobar este artículo 2º tal como viene, por los beneficios que tiene la interpretación futura de esta ley de concurso y organización empresarial, aun corriendo el riesgo, muy poco probable ­diría, casi imposible­ de que alguna situación se vea beneficiada, porque en un lapso corto no habrá un régimen de responsabilidad civil y penal para los directores de las sociedades. El régimen anterior dejará de estar vigente cuando se promulgue la nueva ley”. ¿Casi imposible? Solo se beneficiaron los banqueros Peirano Basso.
Pide informes
El senador herrerista Gustavo Penadés quiere saber por qué renunció el director General del Ministerio de Educación y Cultura y por eso elevó un pedido de informe. Impulsado por las declaraciones del ahora ex director, Alejandro Zavala, quien asegura que renunció por mantener diferencias con los gastos realizados por la subsecretaria del MEC, María Simon, Penadés preguntó el número y destino de viajes realizados por Simon, y el detalle de las partidas cobradas por concepto de viáticos, ampliando la consulta a la época en que ocupó el cargo de ministra, durante el gobierno anterior. La subsecretaria y los directores de las dependencias del MEC deberán informar sobre sus gastos en viajes tanto al Interior como exterior del país.
¡El MPP en contra!
El Movimiento de Participación Popular planteará ante la Mesa Política del Frente Amplio su discrepancia con la anulación de la Ley de Caducidad. “Si hablamos de representar a la gente, tenemos que respetar lo que la gente piensa”, afirmó a Montevideo Portal el dirigente Heber Bousses, en referencia a los dos plebiscitos en 1989 y 2009 que ratificaron la ley. Sin duda, coherencia política.