Opinion | 07 Ago Para un observador objetivo pero a la vez ignorante de los hechos y escenario que se ha desarrollado en la región en los últimos cuatro años, los activistas de la Asamblea “Ambiental” de Gualeguaychú a esta altura deberían estar protagonizando caravanas de alegría y sumidos en encendidos festejos, porque supuestamente han alcanzado el objetivo que buscaban con su “lucha” de corte de más de tres años del tendido binacional entre Fray Bentos y Puerto Unzué, que es evitar la presunta contaminación del río Uruguay por la planta de celulosa.
Empero, la realidad indica que los anti-Botnia siguen amenazando con regresar a las medidas de fuerza en la ruta, porque se sienten “traicionados” por el gobierno de su país ante los alcances del acuerdo alcanzado con Uruguay, tras arduas negociaciones y luego del pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya, que habilitó esta instancia sobre las bases surgidas de su arbitraje.
A esta altura, más allá de reclamar la irracional relocalización de la planta de Botnia UPM, nadie sabe bien qué es lo que pretenden los seudo ambientalistas, desde que parece que el problema no pasa por lo que se puede verter al río --presunto centro del asunto-- o emitir a la atmósfera, sino cómo se trabaja dentro de la planta, y no confían en nadie más que en sus propios integrantes, porque a su juicio el resto de la comunidad, los gobernantes y los técnicos, son ignorantes o corruptos que dejarán que campee la contaminación.
Para los verdaderos ambientalistas de la región, para el ciudadano común que tampoco rapara mucho en temas ambientales, incluso debería ser considerado como un triunfo histórico que por ejemplo el acuerdo alcanzado entre ambas partes permita que a la vez que se controle con todas las garantías en forma periódica lo que la empresa productora de celulosa vierte al río Uruguay, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), junto a entidades de control ambiental de ambos países, cuente con todas las potestades y respaldo técnico y político para que se analice y se haga un seguimiento de todos los vertidos, incluso los que llegan a través del río Gualeguaychú. Estos proceden precisamente de los efluentes del parque industrial de la ciudad, donde se ha instalado desde hace años una treintena de industrias que han desbordado la capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento del lugar, y donde todo indica existe cien veces más contaminación que la presunta afectación de UPM-Botnia al “paterno”.
El poder determinar el grado de afectación del ecosistema ocasionado por estas industrias y actuar en consecuencia mediante un organismo dotado de elementos para intimar a que en determinado plazo se corrijan las deficiencias, debería ser valorado como un triunfo de relieve mundial, mucho más para los gualeguaychuenses que tendrán herramientas para exigir que se controle el río que pasa frente a sus narices (que no es el Uruguay sino el Gualeguaychú, precisamente), desde que no solo permite un control fehaciente de la planta de celulosa, sino de un conjunto de industrias con una diversidad de vertidos que no reciben tratamiento.
El acuerdo binacional, además, comprende todo el curso compartido del río –por supuesto, está pendiente la parte de Brasil, lo que no es poca cosa-, y ello conlleva los agroquímicos que derivan al río procedentes de emprendimientos agrícolas y agroindustriales en ambas orillas, además de los vertidos de residuos cloacales urbanos, lo que es un componente adicional en favor del respaldo a un acuerdo que debería ser incluso tomado como modelo para monitorear otros cursos de agua de la región.
Con todo esto queda claro que los activistas de Gualeguaychú no son “ambientalistas” sino simplemente “anti-Botnia-UPM” --quien sabe por qué motivos reales--, pero a esta altura de los acontecimientos todo indica que el gobierno argentino ya les ha “tomado los puntos”, y sobre todo la propia comunidad entrerriana le ha dado la espalda a los revoltosos, porque se han dado cuenta que lo único que pueden esperar de seguirles el tren es arrastrar a los pueblos hermanos a un conflicto desgastante e inconducente, en lugar de apostar a la integración y a la solución de los reales problemas que nos afectan.