Ola de denuncias

Nacionales | 11 Ago El comandante de Armada Nacional, Oscar Debali, renunció a su cargo en el marco de una ola de denuncias de corrupción en la fuerza que provocó la destitución de cinco oficiales y el procesamiento de otros dos. Entre mañana y el viernes se tomarán nuevas decisiones, mientras que continúan las investigaciones y los cambios, en tanto los partidos políticos respaldan institucionalmente al Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Defensa aceptó ayer la renuncia de Debali, presentada tras el procesamiento por peculado de su sobrino, quien también ocupaba un cargo en el Ministerio de Defensa, informó el ministro de Defensa Luis Rosadilla, quien destacó que el gobierno “no pone en duda la honorabilidad del comandante Debali”. El secretario de Estado dijo que Debali estaba afectado por la situación institucional y por este último evento directo y personal, lo que le impediría llevar con equilibrio y con la fuerza necesaria la jefatura de la Armada. El gobierno designó al contraalmirante Hugo Viglietti como encargado del Despacho del Comandante en Jefe de la Armada. Según Rosadilla, antes de nombrar un nuevo comandante, se aguardará el resultado de las investigaciones judiciales sobre las irregularidades y que se determinen todas las responsabilidades.
El procesamiento del familiar del comandante en jefe se sumó al de un capitán de navío el domingo, por el delito de estafa. En el último mes Rosadilla separó del cargo a cinco oficiales involucrados en irregularidades y presunto fraude. Los casos refieren a compras ficticias de material naval realizadas a partir de 2006, a lo que se suman estafas con vales de compra y tarjetas telefónicas, pero el Ministerio también investiga si hubo mala administración de fondos provenientes de la ONU por misiones de Paz. El ministro de Defensa indicó que tiene en sus manos un paquete de 14 nuevas denuncias de irregularidades en las Fuerzas Armadas, las que estudiará para luego derivarlas a la Justicia. Indicó además que en los próximos días definirá cuáles casos deben ser derivados a la Justicia Militar. “A nuestro juicio existen también delitos militares”, dijo.
Rosadilla creó un cuerpo de auditores que se encargará de investigar y revisar el manejo de los fondos de las tres armas y establecer recomendaciones para reforzar los controles. Admitió que la serie de denuncias tienen un “impacto importante” en las Fuerzas Armadas y recordó que todo funcionario está obligado a denunciar los delitos que conozca. “Siempre puede haber fallas y desvíos pero la voluntad es una sola, ir a fondo en esto”, dijo. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea, general del aire José Bonilla, admitió que están siguiendo “de cerca” la situación pero destacó que “una cosa son las personas y otra las instituciones”. “Hay una institución que tiene más de 5.000 personas y episodios que involucran a un grupo. Separemos lo que es el arma de lo que es la actitud de algunas personas, cuya actuación está en manos de la Justicia, que está actuando como corresponde, con independencia”, afirmó. Admitió no obstante que la fuerza ve el tema “con mucha preocupación, porque a pesar de que sea un grupo de personas se ha erosionado el fundamento mismo de la institución”. Los líderes políticos en tanto, respaldaron el accionar del gobierno en el tema y pidieron que se continúe investigando. Rosadilla comenzó una ronda de contactos con los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y señaló que comprenden la situación y brindan total respaldo institucional al Poder Ejecutivo. Según informó radio “El Espectador”, el ministro se comunicó con el líder de UNA, Luis Alberto Lacalle, el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, el diputado de Alianza Nacional, Javier García, el diputado colorado José Amy y el senador oficialista Jorge Saravia. García considera que el jerarca está actuando correctamente, tomando las decisiones que corresponden. “No hay que mezclar lo que son actitudes personales, con la institución en su conjunto. Y en eso creo, hay que ser muy precisos, porque estamos hablando de una institución que tiene más de 5.000 integrantes y los casos que se están sabiendo son de un puñado de personas”, dijo García a la emisora. Por su parte, Bordaberry garantizó su “total apoyo” al gobierno en estas investigaciones. De todas formas, desde el Partido Colorado se sigue manejando la posibilidad de convocar a una comisión investigadora a nivel parlamentario. “Queremos que pasada esta primera etapa se analicen las responsabilidades políticas también, porque esto ocurrió durante el gobierno pasado, y ahí tendremos que analizarlo. Lo que esperamos es que el gobierno siga haciendo estas investigaciones y comunicando a la Justicia. Llegado el final de esta parte, veremos cuánto se investigó y, si entendemos que hay que investigarse más, pediremos a la Justicia”, dijo Bordaberry.