Paysandú, Viernes 13 de Agosto de 2010
Opinion | 11 Ago Los casos de corrupción detectados en la Armada Nacional, que ya han dado lugar a los primeros procesamientos pero que seguramente aparecen recién como la punta de la madeja, han permitido en esta oportunidad que el sistema político manifieste síntomas de madurez, por cuanto no se han percibido signos de que ningún partido o sector esté pretendiendo obtener ventajas políticas o atribuir culpas a otro en este proceso que lleva ya varios días.
En las últimas horas tanto el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, como el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, expresaron apoyo a la gestión del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, en las investigaciones de las compras “fantasma” detectadas en la Armada Nacional.
Para Lacalle, quien se reunió con el secretario de Estado, “en este tema no hay divisiones partidarias”, sino que “tenemos que estar junto al presidente José Mujica y el ministro”, para colaborar con el “correcto funcionamiento de toda la administración y particularmente de las Fuerzas Armadas”. Por su lado, Bordaberry expresó que en estos temas “no hay que dudar en apoyar” al ministro “para que vaya hasta el fondo” en las averiguaciones y pidió que “se siga investigando”, lo que recoge sin dudas el sentimiento de todo un país que todavía se muestra sorprendido por la magnitud de las maniobras, que van desde la operación de compras “fantasma” de grúas y banco de pruebas de motores hasta maniobras con vales de combustible, aunque estas serían solo algunas de las formas en que funcionaba lo que un legislador calificó como una verdadera “asociación para delinquir”.
La legítima interrogante que se plantea para el ciudadano común no refiere solo a lo ocurrido en la Armada y la envergadura de los hechos, sino también a la posibilidad de que situaciones similares se den en otros ámbitos del Estado, incluyendo empresas públicas, donde los controles “light” suelen diluirse en el mar de burocracia que las caracteriza, siempre en perjuicio del bolsillo del ciudadano.
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