Opinion | 09 Ago El Parlamento aprobó la denominada Ley de Emergencia Carcelaria --iniciativa del Poder Ejecutivo-- que permite trasladar presos a unidades militares, aunque controlados por policías, y que otorga más recursos para reparar las cárceles. También intenta atraer a inversores privados para la construcción de nuevos establecimientos. Pero, como todo eso lleva tiempo, el gobierno prepara una serie de medidas que permitan descongestionar el sistema carcelario con la liberación de centenares de reclusos.
En un principio, el gobierno considera la posibilidad de liberar a los que hayan cumplido dos tercios de la pena mínima prevista para el delito por el que fueron procesados y que no tengan sentencia de condena. En esta circunstancia se encuentran más de 1.000 presos, según un relevamiento de “El País”. También puede llegar a liberarse a los jóvenes que fueron procesados por primera vez, que son menores de 28 años y que tienen registros de buena conducta. Si se aplicaran ambas medidas, los liberados pueden llegar hasta 2.000, de los más de 9.000 presos que existen en el país.
Nadie puede desconocer la realidad de que las cárceles uruguayas violan los derechos humanos, pues los presos viven en condiciones de hacinamiento y pocos –por no decir ninguno-- logran rehabilitarse en tales circunstancias. No debe olvidarse tampoco que un buen número de los presos están en reclusión sin haber recibido condena.
Pero ¿nuevamente la misma propuesta al problema del hacinamiento: liberar presos? ¿No quedó demostrado que esta medida no es solución? Pocos meses después de haber asumido la administración de Tabaré Vázquez, se aprobó la Ley de Humanización de Cárceles, que procuró también poner fin al hacinamiento y liberaron a 850 reclusos. ¿Qué se logró? Cuatro años después, un informe del comisionado parlamentario penitenciario, Álvaro Garcé, señalaba la existencia de más de 8.000 presos hacinados en edificios que apenas están en condiciones y en algunos casos hasta con denuncias de malos tratos. Además, el 23% de los liberados por la ley había reincidido. Solamente se trató de un parche, un alivio temporal. El gobierno lo intentará otra vez.