ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 17 Ago Una vez más, los problemas que existen en las cárceles del país han vuelto a ocupar el primer plano de la información, y en particular de la preocupación de las autoridades, y obviamente de la colectividad, por su desfavorable realidad, por las consecuencias que de ellas se derivan en materia de seguridad, y particularmente a través de las ideas que se manejan para intentar mejorar tan desfavorable realidad. Es en consecuencia pertinente abordar, aunque sucintamente, su análisis.
Lo primero que se debe señalar es que, muy lamentablemente, lo que se considera “el problema carcelario” es muy grave deficiencia que es realidad desde hace ya muchos años, que tal como quien escribe lo ha sostenido con gran convicción, es responsabilidad que alcanza sin lugar a ninguna duda a todos los gobiernos que desde hace ya mucho tiempo han actuado, y en consecuencia a los partidos políticos que los han desempeñado. No es pertinente por tanto que el tema sea utilizado desde el punto de vista de la pugna política; sí la impugnación, con adecuada fundamentación, de las concretas propuestas que se formulen.
Y en segundo término es menester subrayar, una vez más, que la amplitud del problema derivado de la realidad carcelaria es tal que ha de requerir, para alcanzar el logro de una solución razonable, un lapso considerable, que con seguridad ha de superar el tiempo que insuma el actual período de gobierno, y acaso el próximo.
Por tanto, todos los partidos deberán asumir en forma debidamente coordinada el estudio de las fórmulas adecuadas para enfrentar los graves problemas que existen, de modo que ellos se puedan progresiva y eficazmente superar.
Tales problemas son, fundamentalmente, la gran insuficiencia de los establecimientos para dar alojamiento normal a quienes son procesados con prisión, lo cual ha inducido a calificarlos como mero depósito de los internos, en condiciones deplorables de hacinamiento, por lo cual también se ha sostenido, con fundamento, que son lugares que al impedir una normal separación de los internados según sus diferentes características son ámbitos de aprendizaje para el desempeño de la delincuencia. Vale decir: todo lo contrario de lo que corresponde cumplir a los establecimientos de reclusión.
Las medidas ya aprobadas tendientes a la ampliación de algunos establecimientos son sin duda indispensables pero, también sin duda, insuficientes, lo cual ha de requerir ser complementadas próximamente. Y paralelamente también se deberán con urgencia ampliar y adecuar los establecimientos de reclusión de menores en falta del INAU, para que sean aptos para cumplir sus funciones de corrección, lo cual exige que además de tener suficiente capacidad sean también lugares de efectiva reclusión, vale decir, no ámbitos donde los que ingresan en poco tiempo logran evadirse.
Con relación a las medidas que se analizan en estos momentos, por el Ministerio del Interior, para poner en libertad a reclusos primarios que aun permanecen a la espera de pronunciamiento judicial en sus respectivas causas, cuando la prisión preventiva alcance a los dos tercios de la pena prevista para el caso, corresponde emitir las precisiones que siguen.
Solo puede ser pertinente la excarcelación sobre la base de un estudio personal, y especializado, de cada caso, que permita apreciar que el grado de la respectiva peligrosidad es compatible con la excarcelación. De lo contrario se puede caer en riesgo similar al que ya se padeció cuando el anterior gobierno adoptó por ley una amplia medida excarcelatoria. A lo dicho cabe agregar que no se debe entender procedente que, en alguna medida, las excarcelaciones tengan relación, aunque mínima, con la necesidad de lograr cupo para alguien que, por haber sido procesado con prisión, debe ingresar a algún establecimiento. Se comparte al respecto el criterio de la SCJ y magistrados con competencia en el orden penal.
Tampoco se debe promover el incremento de las penas, medida hace ya cierto tiempo adoptada con resultado que no se consideró, ni es, eficaz.
La amplitud del tema impide abordarlo con más extensión. Solo resta exhortar a todos los partidos a pugnar, al margen de preocupaciones de índole política, por acuerdos que son indispensables para poner en ejecución el largo camino pendiente para solucionar tan importantes problemas.