Opinion | 12 Ago El gobierno encabezado por José Mujica se ha caracterizado hasta ahora por marcar distancias y corregir algunas de las falencias que puso de relieve su antecesor en materia de entendimiento y relaciones con la oposición, que conlleva generar un mayor espacio de respaldo a determinados actos de gobierno y a la elaboración de leyes.
En el ámbito legislativo este perfil se puso de manifiesto por ejemplo a través de la integración de comisiones con representación de todos los partidos a efectos de acordar líneas de trabajo en cuatro áreas consideradas prioritarias por la nueva administración, con los posteriores informes.
Ya este paso presenta una innovación muy significativa respecto a la metodología de trabajo de la Administración Vázquez, que en primera instancia intentó tímidamente hacer realidad la premisa de que iba a hacer “temblar las raíces de los árboles”, para encontrarse con que una cosa es la teoría y otra la realidad de lo que se puede y debe hacer en un gobierno, cuando los recursos son limitados y los requerimientos muchos.
Los aportes de diversidad de perspectivas políticas y de modos de pensar permiten que haya un enriquecimiento muy necesario en elementos de juicio para la toma de decisiones de gobierno, sin cerrarlas a una concepción exclusivista, porque nadie es dueño de la razón y los errores se cometen más allá de las buenas intenciones y objetivos que se tengan. Como bien ha expresado Mujica, se aprende a gobernar todos los días y la realidad suele ser muy distinta al escenario optimista que se tenía cuando se ejercía la oposición.
Y tras las primeras dificultades para hacer realidad este entendimiento con la oposición a través de la participación en determinados organismos, con el paso de las semanas y los meses se han ido integrando directorios y otros órganos de conducción que a través de participación de representantes de la oposición permiten un necesario contralor de actores no oficialistas en estos ámbitos, pese a estar en minoría, que permite una mínima dosis de transparencia a la gestión y el tenor de las decisiones que se adoptan.
Empero, esta disposición innovadora del gobierno no se ha trasvasado al ámbito parlamentario en lo que respecta a corregir prácticas que datan desde hace ya varios años y cuya consecuencia son la aprobación de leyes imperfectas y de muy mediocre calidad técnica, con contradicciones y hasta inconstitucionalidades.
Un ejemplo claro de esta desprolijidad se ha puesto de relieve cuando en 2007 fue aprobada la Ley 18.187 de Repoblamiento de la Campaña, cuyas buenas intenciones no tuvieron en cuenta que igualmente se incorporaran elementos en clara colisión con preceptos constitucionales, al afectarse la libre disponibilidad de propiedades compradas bajo otro régimen y que fueron asimiladas a lo establecido por la Ley 11.029, que creó en 1948 el Instituto Nacional de Colonización.
La Suprema Corte de Justicia decretó recientemente en sucesivos fallos la inaplicabilidad de la ley a decenas de ex colonos por esta causa, pero en varios casos el daño ha sido irreparable, por cuanto desde entonces estas propiedades no pudieron ser enajenadas ni ser objeto de otras operaciones por cuanto los bancos no aceptaban hipotecas o garantías por su inseguridad jurídica, lo que daría lugar a acciones legales de los damnificados contra el Estado.
Paralelamente, en las últimas horas se ha extinguido la causa judicial contra dos de los hermanos Peirano Basso por cuanto el Parlamento derogó en 2008 el artículo 76 de la ley 2.230 por el que fueron procesados en su momento, y ahora nos encontramos con que hay legisladores que no tuvieron en cuenta o advirtieron en su momento las connotaciones de esta norma, que había salido por consenso en comisión legislativa y que prácticamente no originó debate en el plenario.
En los últimos años, cualquiera sea la representación que le toque a cada colectividad cívica en el ámbito parlamentario, se ha observado un sistemático deterioro de la calidad del trabajo en las cámaras legislativas, por lo que estamos ante un problema que no es exclusivo de un partido, y que en mayor o menor medida afecta transversalmente a todas las colectividades cívicas.
Sin dudas que por encima de las políticas y las intenciones, existe una seria deficiencia en cuanto a recoger estos elementos en el texto legal –el Poder Ejecutivo también tiene su responsabilidad en determinadas iniciativas-- en gran medida porque existen notorias carencias técnicas en su implementación, y ello da la pauta de problemas de formación en los legisladores, que suelen operar más como políticos que como legisladores, sin el debido conocimiento y/o asesoramiento de cómo deben traducirse las decisiones políticas en el texto que debe ser preciso y ajustado al marco constitucional.
Hay improvisación, poco estudio y evaluación de los pro y los contra de leyes que seguramente se elaboran con la mejor voluntad, pero tales desprolijidades afectan gravemente la propia seguridad jurídica del país, por lo que es hora de revisar procedimientos y acordar instrumentos para superar esta falencia.