Opinion | 17 Ago En una reunión de más de seis horas desarrollada el viernes en la estancia presidencial de Anchorena, el gobierno acordó los lineamientos del Presupuesto Quinquenal, instancia en la que se anunció que el rubro Vivienda tendrá un aumento de U$S 400 millones, el Ministerio del Interior de U$S 200 millones y se mantendrá el nivel del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación, pese a que los gremios de la enseñanza reclaman un significativo aumento de este porcentaje.
El total de recursos adicionales por aumento del PBI a 2014 que prevé el gobierno es de U$S 2.155 millones, de los que 1.325 ya están comprometidos, en tanto el Presupuesto se basa en las cuatro áreas que el gobierno decidió priorizar: seguridad, vivienda, educación e infraestructura, a lo que se agregarán las medidas que cada ministerio adoptará para la reforma del Estado, según se ha indicado en esferas del Poder Ejecutivo.
El mensaje que ingresará en breve al Parlamento contiene puntos destacados, como el incremento de 75 por ciento en vivienda en comparación con lo ejecutado en la pasada administración, con un presupuesto al final del quinquenio del entorno de los U$S 900 millones, en tanto habrá ajustes respecto a la primera presentación del espacio fiscal que realizó el gobierno, porque la programación de dólar varió, pero ello no cambiará la asignación de recursos en pesos, según dijo a El País el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El secretario de Estado agregó que se mantienen los objetivos fiscales y financieros, que refieren a llegar a un déficit de 0,8% del PBI en 2014 y a una relación deuda-PBI del 40% en 2015, lo que implica una reducción de 25 puntos de la deuda, y en cuanto a obras de infraestructura, Lorenzo explicó que el compromiso es sostener los niveles elevados de inversión pública del año 2009 y que es posible que se duplique lo invertido en todo el período anterior, puesto que varios ministros identifican que la inversión privada será igual a la pública en sus áreas, por ejemplo en energía e infraestructura vial.
Las reiteradas menciones por los integrantes del equipo económico de que existe “espacio fiscal” para aumentar el gasto público indican que lejos de adoptarse el criterio de promover posturas contracíclicas, es decir de no gastar todo lo que ingresa en épocas de bonanza para ponerse a cubierto de las serias dificultades que surgen en períodos de recesión, se está acompañando el aumento de la recaudación con un incremento del gasto público y lo que es peor adoptando compromisos que pueden cumplirse en períodos de expansión, pero que conllevan una amenaza cierta para las arcas del Estado cuando decae la actividad por efectos de los vaivenes económicos y sobre todo como consecuencia de nuestra sabida vulnerabilidad ante las crisis internacionales.
La Ley de Presupuesto invariablemente refleja una filosofía de gobierno y debe escalonar prioridades en base precisamente a sus políticas, cuando deben conciliarse los enunciados y compromisos electorales con la realidad en los números y sobre todo teniendo en cuenta que el destino del país no se juega en la próxima elección, sino en las medidas de prudencia fiscal que se adopten hoy, pese a los costos políticos de no ceder a las presiones de grupos corporativistas muy bien organizados que tratan de obtener la mayor tajada posible en la ley presupuestal, sin importarles otra cosa que no sea sus propios intereses.
Una cosa muy distinta y merecedora de apoyo es el anuncio de afectar recursos en favor de sectores que se encuentran en condiciones habitacionales más precarias, cuando además se prevé desplegar un conjunto de herramientas suplementarias como la instrumentación de incentivos fiscales a la construcción de viviendas que sean atractivos para el sector privado, desde que el déficit habitacional del país en materia de construcciones de interés social es de más de cien mil unidades, con una brecha que incluso fue aumentando durante la Administración Vázquez, en la que este sector no figuró entre las prioridades del gobierno. También debe compartirse que el crecimiento del presupuesto del Ministerio del Interior incluya el aumento salarial para los policías, como así también en el Ministerio de Defensa una equiparación en las remuneraciones de los soldados con los policías, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios públicos con salarios sumergidos y que desde hace muchos años se encuentran en posición desventajosa respecto a los reclamos y medidas de fuerza de gremiales de sectores del Estado nucleados en COFE. Y evidentemente, entre afectaciones de recursos que son una mano de cal y otra de arena, todavía está por verse hasta donde y cuando se llevará adelante la mentada reforma del Estado, con los gremios de funcionarios públicos parados en la vereda de enfrente dispuestos a hacer que nada cambie, como han hecho cada vez que perciben que se amenazan los beneficios de que gozan desde hace tantas décadas.