Opinion | 12 Ago Aunque suene trillado es una gran verdad que al tránsito lo hacemos entre todos. Al igual que la higiene de una ciudad o el cuidado de los bienes públicos, es una construcción colectiva puesto que cada uno de nosotros tiene que aportar su cuota de responsabilidad y participación para que las cosas funcionen como deben hacerlo.
En Paysandú hace tiempo que algo anda mal pero decir que la culpa es de todos es una generalización que no hace más que diluir responsabilidades y asegurar que las cosas permanezcan como están. Ocurre que hay responsabilidades compartidas por peatones y conductores pero también claras competencias en materia de fiscalización y control.
Hace bastante ya que la Ley Nacional de Tránsito está vigente en todo el país y, entre otras cosas, obliga a los motociclistas a circular con casco y a los conductores de vehículos con cinturón de seguridad. Sin embargo, basta con salir a la calle para enfrentarse a decenas de situaciones en las que eso no se cumple. Y alcanza con escuchar el informativo o leer el diario para enterarse de accidentes en los que los motociclistas reciben graves lesiones --a veces fatales-- por no llevar puesto el casco. No obstante, las mismas situaciones se repiten una y otra vez con una permisividad total de quienes deben hacer valer la ley y fiscalizar.
Durante la campaña electoral todos los candidatos a intendente incluyeron en sus agendas públicas al tránsito. Y todos coincidieron en señalar que el tránsito en Paysandú es un verdadero problema, prometiendo mejorar la situación a través de acciones efectivas y contundentes. Incluso se llegó a manejar la posibilidad de convocar a una concertación departamental con participación de todos los partidos políticos para encontrar propuestas de consenso que permitan manejar este tema a través de políticas de largo aliento, que trasciendan el tiempo de una gestión de gobierno.
A poco más de un mes de asumido el nuevo gobierno departamental no han habido aún manifestaciones claras respecto a cómo se hará para cumplir la promesa electoral, mientras que las calles muestran cómo todo sigue igual. Por otra parte, lo poco que ha trascendido es preocupante: más de 800 motos que fueron retiradas de circulación en su momento por serias irregularidades, serán devueltas a sus propietarios, dando una señal negativa a la ciudadanía de que las sanciones nunca serán demasiado severas.