Opinion | 14 Ago Lamentablemente, como suele acontecer en los períodos previos al tratamiento de la Ley de Presupuesto Quinquenal, los funcionarios públicos agremiados participan en un fuerte “tironeo” por mejoras salariales con el gobierno, que incluye la modalidad cada vez más extendida --y lo que es peor tolerada con resignación por el ciudadano que las padece--, de paros “preventivos”, en un claro abuso del derecho de huelga que desvirtúa la esencia de la medida.
Estas acciones son paralelas a los planteos de ministerios y otras dependencias estatales y privadas en esta instancia crucial, la denominada “ley madre” de un gobierno, que es una definición incluso de sus políticas en áreas fundamentales, y que conlleva la distribución de los recursos que aportamos todos los uruguayos para el funcionamiento del Estado, por lo que está en juego el “reparto de la torta” que pautará la dotación de recursos para los próximos cinco años, con las consecuentes rendiciones de cuentas.
Y decimos que el ciudadano común, a fuerza de una situación que se repite cada vez que está en juego esta distribución de recursos, está en gran medida resignado a sufrir estas molestas y muchas veces severa afectación de sus derechos por funcionarios que se sienten dueños de las empresas y dependencias estatales, pero que están “privatizadas” en poder de los funcionarios, como señalara acertadamente en una oportunidad el ex vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa. En realidad está resignado a ser maltratado por estas medidas porque percibe que no hay nadie que lo defienda, y se siente inerme ante un desborde gremial que tiene sus máximas expresiones en organismos del Estado, ante organizaciones sindicales muy bien organizadas y a su vez enquistadas en el propio Gobierno, sabiéndose impunes aún ante el mayor de los atropellos.
Como bien sostiene el columnista de EL TELEGRAFO, Dr. Rodolfo Canabal, en gran medida se ha desvirtuado el derecho constitucional que declara que la huelga es un derecho gremial, aunque la Carta Magna también establece claramente que “sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”, complemento que como muchas veces se ha señalado permanece aún pendiente de cumplimiento. Y es oportuno recordar que los sindicatos se oponen a que tal derecho sea legalmente reglamentado, acaso por temor a que la reglamentación en alguna forma pudiera limitar el uso y abuso que realizan de tal herramienta, “temor que por lo que se ha de explicar enseguida se debe considerar equivocado” –indica Caníbal--, ya que “de una adecuada reglamentación emanaría lo que sólo sería una forma ordenada y razonable de ejercer tan importante derecho”.
Pero más allá de este acertado razonamiento, evidentemente está en juego en este escenario, tal como se ha venido manifestando, la forma de ejercicio de los derechos, desde que inequívocamente cada sindicato se sitúa por encima del bien y del mal y considera que toda medida que se adopte para alcanzar su reivindicación está permitida y amparada por la Constitución, sin derecho a reclamo alguno ni responsabilidades de ningún tipo, aunque el gran perjudicado sea el ciudadano, aún en sus necesidades elementales.
Un claro ejemplo lo tenemos en el área de la salud, donde las medidas de paro, pese a que se mantienen vigentes las nominadas “guardias gremiales”, es evidente que aumentan los riesgos para los pacientes al distorsionarse los servicios regulares y la consecuente cadena de atención que depende de un aceitado funcionamiento de todos los sectores involucrados.
En el caso de la enseñanza, en estos momentos se están instrumentado paros y ocupaciones de liceos durante tres días, porque sigue reclamándose que se llegue a determinado porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) en materia de afectación de recursos, pero sin comprometer a la vez la contrapartida de mejora de la calidad de la enseñanza, lo que ni siquiera se evalúa, como los recursos fueran el fin y no el medio para lograr una mejor educación.
Estas son apenas algunas muestras del panorama ante el que nos encontramos nuevamente en esta instancia pre-presupuestal, donde cada movilización intenta provocar el mayor revuelo y contratiempos posibles, para hacerse “notar” en un tira y afloja donde se mezclan reclamos de sectores realmente sumergidos y que requieren urgente atención, con los de quienes pretenden “no perder rueda” en el reparto, y gozan de beneficios que ya quisiera tener la mayoría los privados que aportan para sostener el mejor pasar de quienes desempeñan actividades en el Estado.