Opinion | 15 Ago Recientemente ha pasado a estudio de la Comisión de Asuntos Internos de la Junta Departamental una moción de la edila Patricia Vásquez Varela, en el sentido de que el cuerpo cuente con asesoramiento legal permanente, a efectos de que los integrantes del deliberativo estén en condiciones de evacuar en forma inmediata las dudas o interrogantes que se les plantean cuando se participa en la elaboración de decretos u ordenanzas municipales que puedan afectar o directamente chocar con leyes u ordenanzas vigentes.
En su argumentación, la representante nacionalista evaluó que “hemos podido constatar la necesidad que la Junta Departamental cuente con asesoramiento legal permanente. En diversas ocasiones se ha recurrido a consultas con profesionales del Derecho, pero siempre han sido personas no residentes en el Departamento, lo que demora los trámites y más allá que de esa manera se ha podido paliar la situación en cuestión, eso no es lo mejor”.
Con razón, la integrante de la Junta Departamental considera que es preciso contar con alguien “que pueda estar en el momento de elaborar decretos, tanto desde el punto de vista de la grafología como del derecho aplicable, de lo elaborado en otras juntas departamentales, así como su relación con otras normas departamentales o nacionales”.
Asimismo Vásquez Varela, en el planteo que ha pasado a estudio en comisión, manifestó que una forma de instrumentarlo sería mediante contratos renovables año a año con un profesional de capacidad académica especializado en derecho constitucional, desde que el apoyo técnico en esta área es el aspecto clave a tener en cuenta a la hora del trabajo legislativo.
La inquietud de referencia va en sintonía con conceptos vertidos en esta misma página de opinión de EL TELEGRAFO referidos al trabajo parlamentario, pero es aplicable también a la tarea específica de las juntas departamentales, con similar argumentación. Es que ello está en línea con las responsabilidades inherentes al ejercicio del cargo, donde la improvisación se paga muy cara y las decisiones y posturas políticas deben ser respaldadas y enriquecidas con el soporte técnico imprescindible para no caer en graves errores que resultan muy difíciles de enmendar cuando las ordenanzas y leyes ya han sido aprobadas y se han generado expectativas y situaciones de hecho que no son las deseadas o lisa y llanamente, son ilegales según otros parámetros.
En el Parlamento, y sobre todo en la Cámara de Diputados, en cada período legislativo se reduce el porcentaje de legisladores que tienen determinada formación profesional, sobre todo en Derecho, lo que naturalmente no es un requisito para ingresar a ninguna de las dos cámaras, desde que la representación parlamentaria es política y no técnica, pero que sí conlleva un elemento a favor a la hora de elaborar leyes y evaluar sus alcances y repercusiones.
De ahí que resulte imprescindible que en ambas cámaras se cuente con un cuerpo de asesores en Derecho que permita neutralizar esa deficiencia de formación de los representantes, y que contribuyan a plasmar en el texto el espíritu de la ley sin entrar en colisión con otras iniciativas en vigencia, además de determinarse con exactitud sus reales alcances, sin lugar a confusiones.
Lamentablemente, pese a que esta asistencia jurídica es a todas luces un factor diferencial muy importante y hasta imprescindible para la tarea legislativa, el Parlamento todavía no ha aceptado o siquiera discutido seriamente la propuesta formulada hace ya años por el Colegio de Abogados del Uruguay, en el sentido de poner a disposición de los parlamentarios un cuerpo de juristas asesores, lo que permitiría en buena medida abreviar el trámite legislativo, y sobre todo evitar posteriores diferencias y enmiendas que muchas veces no terminan de conformar ni siquiera cuando la norma se aprueba en los respectivos plenarios.
Mejor aún, nos pondríamos prácticamente a cubierto de papelones como el de la ley aprobada en 2007 que dejó limpio el expediente de dos de los hermanos Peirano Basso, los que incluso ahora podrían instalar un banco si así lo desean, porque para decidir su aprobación solo se hizo una consulta informal al ex canciller Dr. Gonzalo Fernández, quien dijo que no habría repercusiones de ningún tipo por la nueva norma; o leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales, como la 18.187, recusada por colonos que compraron sus tierras en la primera mitad del Siglo XX a través del Banco Hipotecario; o la que introducía el impuesto al gasoil, entre un sinnúmero de tristes ejemplos.
Pero para cambiar las cosas se precisa un mínimo de humildad por parte de nuestros representantes para asumir sus propias y humanas limitaciones, y que lejos de menoscabarse la competencia del legislador, con buen asesoramiento se contará con instrumentos de los que hasta ahora se ha carecido con vistas a llevar adelante de la mejor forma posible el trabajo para el que fue elegido por la ciudadanía.