Nacionales | 21 Ago Fernández y las ¿casualidades?
Parece que la polémica derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 sigue salpicando al ex ministro Gonzalo Fernández, por más que el ahora senador --mientras Daniel Martínez está de licencia-- haya dado sus explicaciones en el Parlamento. Ahora se supo que el expediente judicial del caso Peirano revela que la abogada Cecilia Salhon, casualmente pareja de Fernández e integrante de su mismo estudio jurídico, solicitó la clausura del expediente días después de que en noviembre de 2008 se derogara el artículo, como había sugerido el propio Fernández, posibilitando este trámite según informó el semanario “Brecha”. El estudio jurídico del entonces canciller defendía penalmente a uno de los ex directores del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti, en el momento en que el Parlamento derogaba en noviembre de 2008 el artículo por el que su defendido se encontraba procesado en el marco del caso Peirano. Una solicitud similar a la de Salhon, de clausura del expediente, presentaron los abogados de los otros procesados en la causa, Jorge, José y Dante Peirano Basso y Marcelo Guadalupe y Mario San Cristóbal.
En noviembre de 2008 Fernández --catedrático en derecho penal-- brindó su opinión a los legisladores nacionalistas Sergio Abreu y Álvaro Lorenzo, asegurando que la derogación no causaría ningún efecto en el expediente. Según “Brecha”, Fernández no informó ni al propio Abreu, ni a Lorenzo, ni a la bancada frenteamplista, ni a sus compañeros del Partido Socialista que su estudio jurídico patrocinaba a uno de los procesados por el caso Peirano. Tampoco consta que haya informado la situación de su pareja, que entonces era asesora jurídica del diputado socialista Gustavo Bernini.
Por otra parte, fuentes judiciales aseguraron al semanario que los Peirano se encuentran hoy sin antecedentes penales. Fernández había manifestado lo contrario. En 2002, cuando se decretó el procesamiento de los hermanos Peirano, Fernández pretendió asumir la defensa de Jorge Peirano, pero por la controversia generada en el Partido Socialista.
Sindicalista ahora asesora
Arde OSE. El incendio se generó cuando Adriana Marquisio, ex presidenta de la Federación de Funcionarios de OSE, fue designada por el directorio de la empresa estatal como asesora en comunicación. Consigna “El País” que, según una resolución del 4 de agosto, se trata de un cargo de particular confianza del directorio, enmarcado en el escalafón Q, categoría 16 con un sueldo cercano a los 60.000 pesos nominales.
Curiosamente, Marquisio no es experta en comunicaciones y su carrera funcional se ha desarrollado como administrativa en la sucursal de Ciudad de la Costa. Identificada como frenteamplista independiente aunque sus compañeros la consideran votante socialista, Marquisio renunció a su cargo de vicepresidenta de Ffose. Los sindicalistas están tan furiosos que hasta se maneja la posibilidad de impulsar su desafiliación en la asamblea del sindicato. Algunos cuestionan que el nombramiento surgiera de parte del directorio, aunque otros señalan que se trata de una decisión política dentro de la normativa.
Mientras que el secretario general de OSE, Daoiz Uriarte, aseguró al matutino capitalino que la sindicalista tiene capacidad para manejar las comunicaciones internas del organismo por su pasado sindical y haber encabezado la campaña por el “plebiscito del agua” de 2004. La propia Marquisio señaló que su experiencia en comunicaciones se reduce a la actividad sindical. “En el organismo trabajé en el relacionamiento con los trabajadores, depende de lo que se crea que es la comunicación”, dijo la ahora asesora de OSE.
¿Deuda por publicidad?
Y hablando de incendios en empresas estatales, UTE también ardió. Resulta que UTE evalúa canjear por publicidad la deuda de 320.000 dólares que el multimedio La República, AM Libre y TV Libre mantiene por el no pago de los servicios eléctricos. El diputado Jorge Gandini advirtió que se sentaría un precedente negativo e ilegal si UTE autoriza este canje.
Informó radio “El Espectador” que e l legislador reclamó al anterior directorio del organismo explicaciones para conocer por qué motivo no se le cortó el suministro antes, cuando se bloquea a cualquier ciudadano con dos meses impagos. Gandini se mostró preocupado porque haya empresas, como el multimedio, que hayan dejado de pagar por tres años las facturas de UTE, acumulando deuda, sin que la autoridad competente hiciera nada.
Opina que esto es un trato diferente al que se le da un cliente común. “La administración anterior no hizo nada. Vino el nuevo directorio y cuando el nuevo presidente se enteró de esta situación, antes de que ingresara el director de la oposición, dispuso el embargo. Por lo menos cauteló los recursos del Estado. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de la administración anterior que por omisión dejó que se generara esta situación. Y vamos a ver qué hace esta administración ahora con la integración de la oposición”, explicó.