Opinion | 24 Ago Hace pocas horas la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior acordaron la integración de una comisión que se abocará a elaborar un proyecto de ley con el objetivo de disminuir el hacinamiento carcelario, tema considerado prioritario para el Poder Ejecutivo. En procura de avanzar en esta iniciativa, el titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió con representantes de la corporación, con quienes acordó la conformación de un grupo de trabajo integrado por dos representantes de cada institución. De acuerdo a lo manifestado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Larrieux, “entre otras cosas se estudiará el tema de los cupos carcelarios, pero el principal asunto será una eventual ley que permita aliviar el hacinamiento carcelario”, manejándose que el proyecto prevé la aplicación de medidas alternativas a la prisión y la liberación anticipada de reclusos que ya cumplieron dos tercios de la pena mínima y estén sin condena.
Uno de los elementos detonantes para la elaboración de esta iniciativa, ha sido seguramente el dramático incendio en la cárcel de Rocha, en el que murieron trece reclusos y que, como prácticamente todas las cárceles del país, tenía un grado de superpoblación que resultó determinante para que el siniestro tuviera tan graves consecuencias. A esta situación se llega por atrasos en la incorporación de infraestructura carcelaria, que a lo largo de las últimas décadas no acompasó el crecimiento de la población de reclusos, por lo que ahora resulta casi imposible alcanzar de un día para otro la capacidad imprescindible para albergarlos correctamente. Es claro entonces que lo que se precisan son cárceles y no una ley benévola con quienes atentaron contra la sociedad y fueron puestos tras las rejas tras un juicio justo, con todas las garantías que brinda la ley uruguaya y la Constitución. Para poder construirlas es imprescindible que el gobierno destine los recursos que sean necesarios y acordes a la urgencia de la situación, priorizando los gastos del Presupuesto en esta área, para no seguir cometiendo los errores de las administraciones anteriores que hoy determinan esta emergencia.
Está muy fresco aún en el recuerdo de los uruguayos las consecuencias de la instrumentación de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que llevó adelante durante la Administración Vázquez el ex ministro del Interior José Díaz, cuando al amparo de esta norma fueron liberados centenares de presos, muchos de los cuales lejos de aprovechar la oportunidad de rectificar rumbos, reincidieron en la senda delictiva, con la población como víctima del desaguisado. Por otra parte, estas decisiones efectistas terminan fomentando la delincuencia, porque la señal que se transmitió a los delincuentes o quienes pensaban en infringir la ley, fue que siempre habría alguna franquicia legal que acortará la condena si fuesen apresados por los delitos que cometieron. Estas decisiones controvertidas están en sintonía sin embargo con la particular visión de buena parte de la izquierda en el sentido de que la gran mayoría de los delincuentes son “víctimas” de la sociedad. Es en base a esta concepción simplista que se fundamenta la premisa de que antes que pasar a la represión debe aguardarse a que den resultado las políticas sociales en marcha, pero la porfiada realidad ha terminado abriéndole los ojos al gobierno, que ahora evalúa otras opciones. Así, se ha asumido que es preciso reforzar los cuadros policiales y dotarlos de más recursos humanos y materiales, pero sin embargo la tónica ha sido que a una mano de cal le ha seguido una de arena, desde que se mantiene por ejemplo la resistencia a la actualización de las normas que sobreprotegen a los menores, los que además de tener impunidad para delinquir no son contenidos por el INAU ni mucho menos rehabilitados. Tampoco ha habido disposición a corregir las falencias de infraestructura de este instituto, para que la internación en sus hogares no siga constituyéndose en una burla, como es la norma, cuando los inimputables se fugan más rápido de lo que son ingresados y se encuentran delinquiendo sin que incluso la Policía sea informada de su escape.
El análisis actual con la Suprema Corte de Justicia apuntaría a buscar penas alternativas para los delincuentes mayores de edad, lo que es posible para determinados delitos, y que están previstas incluso para los menores, pero que sin embargo no son muy utilizadas por los jueces. Como en tantos órdenes, las soluciones y/o los paliativos no deben buscarse por un solo lado, sino que es preciso tener apertura mental para asumir que las alternativas deben ponderar los pro y los contra de medidas, que ante todo deben priorizar la seguridad del ciudadano, por encima de otras consideraciones que a primera vista pueden resultar válidas pero que invocando los derechos humanos, resultan en un avasallamiento de los de los ciudadanos indefensos, y muchas veces sin reparación posible.