Opinion | 26 Ago “Parece mentira que estas cosas pasen acá”, comentó alguien. Pero pasan y hay que pararlas. Hace pocas horas una mujer joven, madre de tres criaturas pequeñas, la menor de las cuales nació hace dos meses, fue atacada con esa modalidad cada vez más frecuente de arrebatar la cartera a las motociclistas y peatones, pero ella al ser objeto de la maniobra delictiva, tuvo la mala fortuna de caer y morir aplastada por otro vehículo.
El hecho truncó una vida joven llena de posibilidades y diezmó el futuro de una familia sumiéndola en la desesperación y la desesperanza. El sentimiento colectivo de quienes conocieron a esa joven profesora es de dolor e impotencia pero no es necesario haberla conocido para compartir que la situación es cada vez más preocupante, que la cuña de la violencia e inseguridad se está metiendo fuerte entre nosotros y nos golpea cada vez más y que esto no puede seguir así.
Paysandú ya no es lo que era. Estas malas noticias lo demuestran. Y no podemos seguir como si nada.
Cada vez más a menudo nos enteramos de situaciones en las que personas mayores han sido golpeadas para quitarle la cartera o el monedero o que ciclistas y motociclistas están siendo atacadas mientras van a trabajar, estudiar o hacer los mandados. Para una anciana una mala caída puede significar una quebradura que le signifique una pérdida de calidad de vida importante, que muchas veces la lleva a la muerte por causas indirectas, según indican las estadísticas de este tipo de lesiones; un fuerte tirón para arrebatarle la cartera a una motociclista puede derivar en tragedia.
¿Y los “motochorros” qué? ¿Tan difícil es perseguirlos, encontrarlos y castigarlos? ¿Dónde fallan los programas de prevención de la violencia ciudadana? ¿Quién defiende los derechos básicos de la buena gente que cada día se va al trabajo soñando con un futuro mejor? Preguntas todas que vienen a la mente después de enterarse de este tipo de trágicas e injustas muertes de las cuales cualquiera de nosotros puede ser víctima en cualquier momento.
Las instituciones tienen la clara responsabilidad de ubicar los delincuentes y juzgarlos aplicándoles el máximo peso de la ley, considerando que no es un delito menor el que cometen puesto que ponen en riesgo la vida humana, o lo que es lo mismo, están dispuestos a asesinar por unas monedas. La sociedad civil, afectada cada día más por la maldita violencia, tiene el deber de no deshonrar estas muertes con apenas un comentario incrédulo y el silencio. Que nuestras voces se escuchen, quien tenga que oír que oiga y quien tenga que actuar que actúe. Seamos claros: esto no puede volver a repetirse. ¡Basta ya!