Paysandú, Domingo 29 de Agosto de 2010
Policiales | 28 Ago Varias personas –entre ellas menores-- fueron detenidas y conducidas a la Seccional Primera de Policía, tras los disturbios y destrozos que se produjeron en la sede judicial sanducera mientras declaraban los presuntos responsables de la muerte de Romina Severo Pérez, la docente que cayó bajo las ruedas de un ómnibus al ser atacada por arrebatadores. La Justicia liberó ayer a catorce personas, de las cuales siete declararán nuevamente el lunes. Según información oficial, catorce personas, entre ellas tres adolescentes, fueron aprehedidas y conducidas hasta la referida dependencia en la noche del jueves, como consecuencia de los desmanes registrados en las afueras de la sede judicial. Un grupo de personas rompió varios vidrios del edificio y el parabrisas de un móvil policial, lo que motivó la intervención del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y del Agrupamiento Táctico de Apoyo (ATA) de Salto, cuyos efectivos detuvieron a tres adolescentes de 14, 15 y 16 años, así como a once adultos de entre 18 y 32 años, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Poco después se dispuso la entrega de los menores a sus responsables legales y la liberación de cuatro de los mayores, en tanto otros cuatro permanecieron detenidos y ayer, tras prestar declaración, recuperaron la libertad. También declararon ante el juez Penal de Cuarto Turno, el Jefe de Policía de Paysandú, inspector mayor (R) Roque Arámbula y el comisario de la Seccional Primera, Carlos Irigiota, quienes brindaron detalles sobre la agresión con piedras a los efectivos policiales y respecto a la posterior actuación de la fuerza policial, que debió recurrir a la utilización de escopetas de balines de goma y gases lacrimógenos.
El juez Pablo Dalera, dispuso la liberación de los siete detenidos y su emplazamiento para el próximo lunes, instancia en la que se examinarán las filmaciones registradas por el personal policial durante los desmanes.
colocación de Vidrios
Ayer de mañana las autoridades judiciales notificaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) los daños registrados en la sede judicial y luego se solicitó presupuesto a dos vidrierías locales, tras lo cual se contrató los servicios de una de estas empresas, cuyo personal trabajó durante la tarde en la reposición de los cristales dañados.
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