Nacionales | 26 Ago Cliente especial
Finalmente y a pesar de las críticas, el directorio de UTE --el único director en contra fue el nacionalista Enrique Antía-- aprobó un convenio para que el multimedio integrado por La República, AM Libre y TV Libre salde la deuda que arrastra desde 2007. Este convenio resulta muy beneficioso para el grupo pues significó una rebaja de 970.000 pesos y además podrá “pagar” con canje publicitario.
Según informó el diario antes citado, el grupo tendrá un plazo de 60 meses para pagar el total de la deuda --podrá hacerlo con canje publicitario-- y deberá mantenerse al día con las facturas de consumo generadas a partir del 30 de junio de 2010. El ente resolvió por mayoría un acuerdo que actualiza la deuda por IPC, sin multas y recargos. El canje de deuda por publicidad --estimado en 3.720.000 pesos-- se traducirá en la impresión del logo de UTE en la tapa de 103 libros coleccionables que publicará “La República”, así como un mensaje en la contratapa.
No quedar mal parados
La bancada del Frente Amplio varió su posición y habilitó la creación de una investigadora sobre la derogación del delito por el que procesaron a los hermanos Peirano. Dicen que quieren investigar para no quedar mal parados. Es por eso que quiere centrar el asunto en el proceso parlamentario y no en Gonzalo Fernández.
Consigna “El País” que el oficialismo dará vía libre a la investigación parlamentaria, pero no bajo los argumentos presentados por el senador colorado Ope Pasquet en la preinvestigadora. “Quedamos mal parados si habilitamos una investigación interna en el Frente, pero no en el Parlamento”, dijo al matutino un senador frenteamplista. La posición que prevaleció en la bancada de senadores del Frente es que las denuncias presentadas por Pasquet no eran “de entidad, serias ni consistentes”, pero que la “preocupación que generó la información publicada en la prensa” hacía difícil no habilitar la investigadora. Tampoco se quería dejar a Pasquet como el senador que habilitó la investigación, dijeron las fuentes.
Incompatibilidad
Con toda la baracutanga por el tema de Fernández, dirigentes del Movimiento de Participación Popular plantearon en su ejecutivo que, luego que finalice la comisión investigadora sobre la derogación del artículo 76, el Frente Amplio establezca en el futuro la incompatibilidad de ocupar cargos de gobierno y a la vez ejercer sus profesiones.
El MPP todavía no laudó el tema. El diputado emepepista Álvaro Vega aprueba esta resolución. “Hay cosas que el jerarca de gobierno no puede hacer. No puede, por ejemplo, litigar contra el Estado. También debería declarar en la Junta Anticorrupción lo que hacen sus vínculos familiares”, dijo a “El País”. Según Vega, el MPP criticó las defensas jurídicas realizadas por Fernández mientras era secretario de la Presidencia. Pero no todos los emepepistas opinan igual. Otros dirigentes entienden que un ministro no puede cerrar su bufete cuando es nombrado en un cargo de particular confianza pues, si ante un hecho político se le pide la renuncia, deberá rearmar su estudio.
Preguntas por responder
El diputado nacionalista Gustavo Borsari quiere, como muchos, saber qué pasó en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es que entró alguien a robar, nada raro a no ser que el individuo contaba con las llaves correspondientes. Borsari realizó un pormenorizado pedido de informes acerca del extraño suceso acaecido días pasados en las oficinas del ministerio, donde un hombre entró al despacho del ministro y accedió a la caja fuerte existente allí. Versiones indicaron en primera instancia que un policía de guardia repelió a balazos al asaltante que se había introducido, sin violentar cerraduras, a las oficinas de máximo nivel del ministerio, y que había accedido a una abultada suma de 100.000 dólares de la caja fuerte. Horas después, el propio ministro confirmó el hecho delictivo pero dijo que no se realizó denuncia policial y negó la cifra difundida. “¿En qué circunstancias, cómo y cuándo un particular pudo acceder al ministerio, al despacho del ministro y a la caja fuerte existente en el mismo, sin haber violentado las cerraduras?”, preguntó Borsari.
Zimmer denunciado
El intendente de Colonia, Walter Zimmer, junto a su director de Hacienda, José Auchain, fueron citados a declarar hoy al Juzgado Penal de Primera Instancia de Colonia, ante una denuncia presentada en su contra en mayo. El motivo es la denuncia presentada a mediados de mayo por el entonces intendente Alfredo Martínez, quien dio trámite a denuncias efectuadas por contribuyentes. Martínez confirmó a radio “El Espectador” que el tema se ha venido manejando con perfil bajo “para evitar la politización” del caso “y revertir su efecto”. La denuncia incluye el polémico tema del reempadronamiento de vehículos de otros departamentos y su manejo por parte de una gestoría privada, así como los fondos de cooperación internacional recibidos en la anterior administración.