Nacionales | 27 Ago “Zancadillas al Frente Amplio”
La senadora emepepista Lucía Topolansky aprovechó su presencia en una asamblea con motivo del Día del Comité de Base para hablar del caso de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 y salir en defensa del ex ministro Gonzalo Fernández. “Ningún legislador del Frente Amplio ni Gonzalo Fernández recibió dinero para beneficiar a los Peirano”, afirmó. Informa “La República” que la senadora aclaró que la intención que tuvo la aprobación de la norma en el período anterior fue evitar que los trabajadores quedaran desamparados, sin la posibilidad de cobrar deudas en caso de quiebra de las empresas. Agregó que para aprobar la norma de 256 artículos, el Parlamento se tomó como plazo para la discusión 2 años y 4 meses. Aseguró que Fernández advirtió en 2006 que si se derogaba el artículo 76 los Peirano podrían quedar libres. Indicó que cuando la ley estuvo pronta, los ex banqueros ya estaban libres, y el fiscal había pedido el cambio de carátula, teniendo en cuenta la ley nueva y 9 años de pena, Pero que se debió adelantar su aprobación, ya que “se debía salvar de la quiebra al Casmu”. Indicó que los legisladores no tuvieron en cuenta la decisión del Tribunal de Apelaciones. “Jamás ningún otro había actuado como éste. Es la primera vez en la historia que el Tribunal de Apelaciones, y esto es lo que llama la atención, clausuró el expediente, a pesar de que estaba en marcha el pedido del fiscal”, añadió. Por las dudas, le señaló a los presentes que no se debe acusar a un compañero sin pruebas, y buscó responsables: desde “la derecha” y “parte de la prensa” se le suelen hacer “zancadillas al Frente Amplio”.
Documentación
Mientras tanto, algunos medios siguen sacando los trapitos al sol de Fernández y su mujer, la abogada Cecilia Salom. El periodista del semanario “Brecha”, Walter Pernas, exhibió en televisión documentos de marzo de 2009 en los que Cecilia Salom pidió al Tribunal de Apelaciones la clausura del expediente que involucraba a su cliente, Juan Domingo Ratti, y a los hermanos Peirano Basso. Para ello invocó la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, aprobada en noviembre de 2008.
En tanto el semanario “Búsqueda” publica un escrito, presentado en 2006 ante la Justicia, donde el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández figura como abogado defensor del ex director del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti. Tanto Fernández como su pareja asumieron “indistintamente” la defensa del bancario. Fernández había declarado a la prensa que esa defensa la había llevado adelante solamente su mujer. La Justicia investiga este hecho y si el jerarca del gobierno estuvo involucrado en la promulgación de la ley que clausuró el proceso contra este ejecutivo bancario y los Peirano. Según “Búsqueda”, si ambos extremos se confirman, esto podría configurar el presunto delito de “conjunción de interés personal y del público”.
¿Política y religión?
La presidenta de la Cámara de Diputados evitó una mezcolanza demasiado grande en el Parlamento. No hablamos de proyectos ni discusiones políticas, sino de la introducción de religión en el Parlamento. Ivonne Passada prohibió la realización de reuniones religiosas en una sala común del edificio anexo del Palacio Legislativo, pero el grupo evangelista involucrado puso en marcha un plan B. Consigna “El País” que ante esta decisión, el diputado herrerista Gerardo Amarilla --evangelista e impulsor de la iniciativa-- gestionó que el Partido Nacional le ceda al grupo la sala “Luis Alberto de Herrera” de la Cámara, donde sesiona la bancada blanca. Un grupo de legisladores, periodistas y funcionarios evangelistas se reúnen en la sala a leer la Biblia y orar. “Parlamento y fe” es un ciclo que se realiza en Argentina desde hace un año y medio y, desde agosto, también en el Parlamento uruguayo. Los organizadores invitaron a todos los legisladores y sus secretarios a estas reuniones que se realizan los jueves. Además, envían una carta con lo conversado cada semana a los 130 senadores y diputados.
“Límite muy difuso”
El diputado blanco Pablo Abdala, cristiano pero no evangélico, asistió al primer encuentro, al igual que otros legisladores. “No hubo un ritual, como puede ser una misa. Yo creo que la presidenta exageró, porque no puede prohibir el derecho de reunión, aunque entiendo que el límite es muy difuso. Una cosa es realizar un oficio religioso y otra cosa una reunión de cristianos”, dijo. Los organizadores de “Parlamento y fe” esperan que la situación cambie en 2011, cuando asuma la presidencia de la Cámara el diputado blanco Luis Lacalle Pou. Ésta no es la primera vez que acontece algo así. El año pasado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Roque Arregui, dispuso una investigación administrativa ante denuncias de que grupos religiosos usaban salas de las comisiones para ritos y oraciones, y prohibió las reuniones. Varios diputados pedían salas para que grupos religiosos realizaran “sesiones espirituales”.