Nacionales | 28 Ago ¿No saben?
No sabe, no contesta. No se trata de una encuesta sino de la postura de los ministros de Defensa e Interior, que no revelaron en el Parlamento qué está investigando en sus carteras el coordinador nacional de Inteligencia del Estado. “No sabemos qué está haciendo esta persona, ni debemos saber” qué investiga, dijo el ministro Defensa, Luis Rosadilla.
Consigna “El País” que tanto Rosadilla como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comparecieron ante la comisión de Constitución de Diputados, a pedido del nacionalista Javier García, para informar sobre el alcance de las potestades del coordinador Augusto Gregori, ex tupamaro de extrema confianza del presidente José Mujica. Gregori coordina doce servicios de inteligencia estatales y responde exclusivamente a Mujica, quien por decreto estableció que los organismos de inteligencia del Estado quedan “especialmente obligados” a suministrar información al coordinador del servicio. Los legisladores de la oposición, por su parte, reclaman más información sobre los cometidos y potestades de Gregori. “Trabaja con toda la información de los servicios de inteligencia que actúan hoy. Eso no es ser coordinador, sino ser titular de un nuevo servicio”, dijo García. El diputado lo definió en la comisión como “un zar” de los servicios de inteligencia, según participantes de la reunión. Para el legislador, la creación de esta función de coordinador de Inteligencia del Estado completa “una figura que podría derivar en una estructura de poder paralelo no republicano”.
Bonomi aseguró que Gregori le solicitó información sobre la seguridad de la Torre Ejecutiva y otra dependencia que no reveló. “Si hubiera una ley vigente, tampoco diría qué me pidió”, aclaró. García consideró “gravísimo” que un ministro reconozca que le negaría información al Parlamento aun cuando una ley lo obligara.
Investigado... en todos lados
Gonzalo Fernández se hunde cada día más. La derogación del artículo 76 de la ley 2.230 y su derivación en el caso de los hermanos Peirano Basso lo absorben lentamente. Y ahora está siendo investigado en todos lados: el Parlamento, el Frente Amplio y la Justicia. Informa el matutino antes citado que la justicia especializada en crimen organizado analiza la presunta implicancia del ex secretario de la Presidencia en el proceso de clausura del expediente judicial de los hermanos Peirano. Voceros confirmaron al diario que no se descarta la posible tipificación de un delito de “conjunción del interés público y el privado”. Es que Fernández era ministro de Relaciones Exteriores en noviembre de 2008, cuando firmó la promulgación de la norma que derogó el único artículo vigente (76) de una ley de 1893, por la cual habían sido procesados los Peirano Basso y el ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti, cliente cuya defensa patrocinaban “indistintamente” Fernández y su pareja, Cecilia Salom.
“Culebrón venezolano”
La revelación de que Fernández patrocinaba la defensa de un ex director del Banco de Montevideo causó revuelo entre los legisladores de la oposición. Mientras que en filas frenteamplistas, en cambio, todo es reserva y a los pocos que se les escucha, solo hablan de “investigar” los hechos “en la interna” del partido.
“Siento que se le tomó el pelo al Senado”, dijo el senador colorado Pedro Bordaberry. Recordó que Fernández estuvo en el Senado y no informó que estaba asistiendo a alguien que podía verse beneficiado por el artículo. “Este asunto es poco claro. Parece un culebrón venezolano. Todos los días aparece una vuelta de tuerca más grave”, afirmó. “Por una cuestión de lealtad con sus pares, los senadores, tendría que haber dicho que su señora defendía a uno de los implicados y que él había presentado un escrito donde establecía y asumía la defensa de uno de ellos. Eso no fue leal”, agregó.
El senador nacionalista Carlos Moreira, que integrará la comisión investigadora parlamentaria, afirmó que llama “mucho la atención” que Fernández estuviera involucrado “en la misma causa judicial de los hermanos Peirano”. “Esto nos involucra a todos los que votamos la ley. Fernández omitió contarlo al Senado, y era pertinente que lo dijera”, dijo.
“Inoportuna”
Pasando a otros temas, el senador nacionalista Gustavo Penadés se sumó a sus correligionarios al opinar que la idea del gobierno de crear la figura del delegado presidencial en los departamentos del Interior es “inoportuna”. “Realmente la creación de estas figuras no lo entendemos, quizás sea para cumplir compromisos políticos con más cargos. Lamentablemente son 18 sueldos más y vuelvo a repetir que no me queda claro cuál es la misión que van a cumplir”, sostuvo.
Publica “La República” que Penadés entiende que la autonomía municipal está regulada por la Constitución de la República y por la Ley Orgánica Municipal, pero además las intendencias se relacionan con el Poder Ejecutivo a través de los distintos ministerios. “Es una decisión inoportuna, que va a enrarecer innecesariamente el clima”, dijo.