Opinion | 28 Ago Aunque todavía sin una manifestación oficial a través de sus voceros, el gobierno de José Mujica se apresta a designar delegados presidenciales que lo representarán en cada departamento, con la potestad de coordinar las políticas del gobierno central en áreas como educación, salud, transporte, sistema nacional de emergencias y lucha contra la pobreza, e incluso fuentes del Poder Ejecutivo manifestaron al matutino El Observador que habrá delegados en todo el país “pero no se encargarán de manejar dinero”.
Este planteo del mandatario ya aparece de entrada como controvertido, aunque durante la reunión del gabinete social del gobierno el presidente dijo que seguirá adelante con su idea pese a las críticas de la oposición. Explicó que, entre otras cosas, el delegado presidencial se encargará de coordinar los centros MEC que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, donde se realizan actividades educativas y participación social. Agregó que estos centros se encuentran mayormente en localidades de menos de 5.000 habitantes, en tanto el delegado también participará en la descentralización de centros de pago de instituciones como el Banco de Previsión Social (BPS).
Mujica había lanzado ya esta iniciativa en una reunión que había mantenido con el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política del Frente Amplio (FA), donde anunció su intención de crear por ley la figura del delegado presidencial en los 19 departamentos, y de esta forma la concreción de los proyectos en cada una de las regiones será coordinada por el delegado con las agencias del gobierno central en vez de referir a las intendencias departamentales.
Este es uno de los puntos que ha merecido reparos a dirigentes de los partidos Nacional y Colorado, incluso con un rotundo rechazo del Comité Ejecutivo de esta última colectividad cívica a la iniciativa presidencial, con un argumentación que va más o menos en la misma línea que la expresada en su momento por los líderes nacionalistas Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.
En realidad, lo que aparece a ojos del gobierno central como una buena idea para controlar en qué se utilizan los recursos en los respectivos departamentos, con la intención expresada de que los fondos se vuelquen de la forma más eficiente y ajustada posible a los objetivos previstos, tiene a la vez en los hechos una significación política que va a depender de la forma de instrumentación, pero que inevitablemente conlleva la creación de una figura que en no pocos casos podría llegar a ser un intendente paralelo en línea directa con la Presidencia de la República, quien desde Montevideo apunta a monitorear de cerca el desarrollo de las políticas en proyectos concretos.
A la vez, más allá de su significación política inevitable, que tiñe de dudas la real proyección que tendría la nueva figura, surge inequívocamente que según la óptica presidencial hay grandes falencias en los controles gubernamentales sobre las propias acciones de los organismos del Estado, sobre todo los ministerios, que son los encargados de llevar adelante estos proyectos en los respectivos departamentos.
Es también una muestra de desconfianza hacia los ejecutores departamentales, y hacia la polea de transmisión desde las dependencias centrales hacia las del Interior. Por cierto que una mejora en la eficiencia de las políticas sería de interés para todos, desde que conllevaría el mejor uso de los recursos que todos aportamos, pero aunque la “eficiencia” de este nuevo sistema todavía está por verse, lo que sí se sabe es que significará mayores gastos para el ya paquidérmico Estado, al tiempo que surgen dudas sobre si efectivamente un “comisario político” coordinador sería funcional a estos efectos sin llegar a chocar con los ejecutores departamentales. Debe tenerse presente que las acciones que se instrumentan responden la mayoría de las veces a convenios con contrapartidas de una y otra parte, y que por lo tanto suelen haber incumplimientos compartidos que son determinantes para la continuidad y/o ejecución en tiempo y forma.
En los papeles, la idea de un coordinador directo con el gobierno central y más precisamente la Presidencia y los ministerios, donde suelen rebotar y diluirse en estériles esfuerzos las gestiones que se encaran desde el Interior para acelerar o mantener vivos los proyectos, no es una idea a desechar a priori y por el contrario sería un instrumento compartible en esencia.
Pero las interrogantes se plantean inequívocamente en la forma en que se podría plasmar la idea, en un país donde las cosas se hacen en clave político-electoral, en que los sistemas para hacer lo que se piensa hacer ya existen –y seguirán existiendo en paralelo-- pero no funcionan, en el que cada uno cuida su “chacra” y se transfieren responsabilidades para salvar la ropa, por lo que debería tenerse especial cuidado, a la hora de las decisiones, de al fin de cuentas no crear un nuevo ámbito de rispidez y confrontación, que haga que la “solución” resulte peor que el problema.