Opinion | 29 Ago En medio de un escenario en que los gobiernos de Argentina y Uruguay finalmente han encontrado puntos de acuerdo para solucionar el conflicto que los llevó al máximo estrado judicial internacional en La Haya, y establecieron las bases y designaron técnicos que integrarán el Comité Científico Binacional responsable del monitoreo de la calidad de aguas y prevención de la contaminación en el río Uruguay, los asambleístas de Gualeguaychú vuelven a las andadas.
Anunciaron que bloquearán el paso hacia el acceso al puente internacional General San Martín con “caravanas” de vehículos cada domingo de setiembre, en protesta contra la planta de celulosa de UPM.
Aunque pesa sobre los principales cabecillas del grupo un litigio judicial impulsado por el gobierno argentino que los acusa de varios delitos, a los asambleístas parece no importarles y ahora el objetivo es claro: obstruír el tránsito durante varias horas los fines de semana.
El anuncio ha sido censurado por el canciller argentino, Héctor Timerman, que calificó de “injustos” los cortes de ruta que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidió realizar cada domingo e insistió en que el conflicto entre la Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) ya está “resuelto”.
En Uruguay la viceministra de Turismo y Deporte, Liliám Kechichián, consideró como una “muy mala señal” esta decisión de los activistas de Gualeguaychú, mientras que el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo que si con todo lo que se ha avanzado con Argentina para la protección del ambiente del río Uruguay toman esta medida, “acá hay un problema que no es ambiental”.
Y tan equivocado no está. El tema ha tenido --y muy extenso-- el más alto tratamiento legal, judicial, político y científico que podía haberse pensado y cuando las cosas finalmente parecían estar retomando a su cauce y lo daños del “piquete” comenzaban a borrarse en el litoral, cuando los comerciantes y autoridades de Fray Bentos y Gualeguaychú comienzan a pensar en proyectos conjuntos, justo ahora, aparecen estos piquetes disfrazados de “caravanas” para complicar a todos.
La medida es totalmente injustificada y tiene razón Lafluf cuando dice que el asunto ya no es ambiental. No lo es: nunca antes el río Uruguay estuvo tan controlado como lo estará ahora.
Por el momento en que se produce, la nueva acción piquetera escapa de toda lógica y carece de legitimidad. Pero, claro pedirles coherencia, lógica y legitimidad sería como esperar peras del olmo puesto que viven fuera de la realidad. ¿Se avecina un nuevo capítulo del bizarro y dañino novelón de la Asamblea Ambiental?