Opinion | 01 Sep Con muy escasa atención del ciudadano común, debido a lo complejo del tema posiblemente, pero sí con mucha expectativa e injerencia de los directamente involucrados, sobre todo de los grupos de presión y las corporaciones que tratan de sacar la mayor tajada posible, el Poder Ejecutivo envía por estas horas al Parlamento el mensaje de Presupuesto Quinquenal de la Administración Mujica. Ello significa la disposición y previsión de gastos, inversiones e ingresos de los cinco años de gobierno, que a la vez conlleva la forma en que se aplicarán las políticas anunciadas en la campaña electoral --por lo se que obtuvo el respaldo de la ciudadanía—y por lo tanto implica llegar a “la hora de la verdad”, estableciendo definiciones y prioridades para la distribución de recursos, que siempre resultan insuficientes ante las demandas y las presiones muchas veces desaforadas de los grupos que se sienten con derecho a tener prioridad absoluta sobre todo lo demás.
Mencionamos lo que significa la muy escasa atención del ciudadano, cuando en realidad debería ser el principal interesado, dado que el contribuyente es el que va a pagar el gasto y quien debería a fin de cuentas exigir la mayor cautela y racionalidad en el uso del dinero, además de velar por recibir los mayores beneficios posibles de aquello por lo que paga. Quienes desde hace varios meses están en “pie de guerra” respecto al Presupuesto son las corporaciones de funcionarios públicos, los que con paros, proclamas, movilizaciones y otras acciones, han procurado que el gobierno ceda a sus planteos, algunos justificados, y otros que apuntan a obtener más beneficios como dependientes del Estado sin importar de dónde sale el dinero, sin compromisos ni contrapartidas. Impulsan un “presentismo” que es una falta de respeto a los uruguayos, sobre todo a los trabajadores de la actividad privada que también pagan impuestos para solventar sus salarios, y que saben muy bien que lo primero que tienen que hacer es trabajar todos los días, sin recibir ningún premio por hacer simplemente lo que tienen que hacer. En este contexto, en una negociación de último momento, el gobierno intentó conseguir tres años de “paz laboral” con COFE (confederación que nuclea a los sindicatos estatales) y a cambio ofreció partidas fijas por presentismo. El sindicato rechazó un acuerdo que les impida movilizarse, pero aceptó las partidas, es decir que está en “las maduras” pero no en “las verdes”, porque además está en condiciones de “tirar siempre un poco más de la piola” ante un patrón que es en extremo tolerante, que procura pagar el menor costo político posible y porque además los dirigentes sindicales que tiene enfrente forman parte de la liga de sectores que lo llevaron al poder, con la visión de que hacer lugar a los pedidos de mejoras salariales es solo cuestión de voluntad política que no habían tenido los gobiernos de los partidos tradicionales.
Pero por encima de las presiones que ejerzan los directamente interesados, no debe perderse de vista la gran responsabilidad del gobierno en cuanto a los compromisos que adquiera en el Presupuesto, ya que siempre van a ser transferidos a los bolsillos de la ciudadanía, sobre todo de los grupos que no gozan de inamovilidad y de la seguridad de que la empresa en que trabajan no se va a fundir, como ocurre en el Estado, donde no hay peligro de desempleo y se gozan de prerrogativas inexistentes en el sector privado.
Adquirir compromisos fijos de carácter salarial dentro del Presupuesto significa una atadura de la que es imposible de zafar, aunque el país ingrese en una crisis económica, ya que los números que dan en momentos de bonanza quedan rápidamente “en rojo” cuando la situación se revierte, y los recursos siempre van a salir del expoliado ciudadano, sobre todo de empresas y trabajadores del sector privado que no tienen inamovilidad ni seguro de empleo, y donde siempre existe el riesgo de desaparecer cuando la ecuación económica se deteriora. De ahí la necesidad de tener prudencia en los compromisos y el gasto para que el Presupuesto Quinquenal, en lugar de ser un instrumento de ejecución de políticas de gobierno, no se transforme en una ruleta rusa para los sectores reales de la economía y el país, y sobre todo, que incorpore fondos de reserva en el marco de políticas contracíclicas, por más que los grupos de presión sigan procurando obtener ventajas sin importarle otra cosa que sus propios intereses.