Opinion | 05 Sep Mientras hace pocas horas en Paysandú centenares de personas reclamaron en una nueva marcha por el centro de la ciudad medidas que permitan combatir la delincuencia protagonizada por menores, con una opinión pública sensibilizada por la horrible muerte de Romina Severo, víctima del ataque de infractores que son inimputables por no haber cumplido 18 años, casi en forma simultánea cinco peligrosos menores, entre ellos uno que estaba recluido por el asesinato de un comerciante y otro por participar en los secuestros exprés, intentaron fugarse de la Colonia Berro. Cuatro de ellos, que estaban en un hogar de esta dependencia de INAU, aprovecharon un descuido de los guardias para saltar un muro, en tanto un quinto integrante del grupo cayó mal y se fracturó un pie. En esta frustrada fuga estamos ante una excepción de la regla, que indica que los “infractores” entran y salen como quieren de hogares de la referida institución, que está “pintada” en lo que refiere a la contención y rehabilitación de menores, y tampoco cumple cabalmente con el fin social de proteger a la minoridad desvalida. Pero para que se dé esta situación, no solo estamos ante un organismo absolutamente ineficiente y cerrado a una realidad que rompe los ojos, sino que además da prioridad a lo accesorio, como fue el caso en su momento de intervenir para que jovencitas no participaran en un desfile de modelos en Punta del Este. Mientras, en sus barbas se venden bebidas alcohólicas a menores, proliferan las drogas, los arrebatos, los hurtos y los menores en situación de calle, sin que intervenga o se dé por enterada. Es indudable que las leyes vigentes en materia de minoridad han quedado superadas y congeladas hace un siglo, cuando los niños y adolescentes crecían ante otros valores familiares y de la sociedad, e incluso los más inadaptados tenían respeto por los mayores y la autoridad, y por lo tanto las posibles respuestas a sus problemas pasaban por parámetros muy diferentes a los actuales. Y si bien, a menudo, los jueces fallan con demasiada condescendencia respecto a los delitos protagonizados por menores, no es menos cierto que no pueden hacer mucho con un marco legal que sobreprotege a feroces delincuentes que son entregados a sus padres o internados en hogares de los que se fugan al rato, por más que la población indignada cargue las tintas sobre los magistrados o se agolpe ante los juzgados. De la misma forma debe tenerse presente que la Policía, también cuestionada por el ciudadano común por considerar que hace poco y nada contra los menores, está atada de pies y manos por la legislación que los ha convertido en intocables. Sus funcionarios deben dedicar horas y días a atraparlos para que luego sean entregados a sus padres o los suelten sin más, al tiempo que la legislación absurda se debe enfrentar a hábiles declarantes que manifiestan ante los jueces que han sido víctimas de apremios físicos. Además, el agente policial debe soportar pedreas, golpes e insultos al ingresar a barrios donde campea la delincuencia y hay una “militancia” criminal organizada para resistir a la autoridad. Esta realidad no la ve solo quien no la quiere ver, ya que hasta en integrantes del Poder Ejecutivo se observa últimamente un cambio de actitud respecto a la pasividad y tolerancia de hasta hace poco tiempo, porque han asumido que la realidad les ha pasado por arriba. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alertó en las últimas horas que si no se mejora la contención de estos menores infractores “se van a seguir escapando, porque no hay un lugar que realmente pueda contenerlos”. El secretario de Estado afirmó que la discusión en este tema no pasa por “bajar la edad de imputabilidad, sino por asegurar” con un instituto de determinadas características. “Lo otro es puro bla, bla, bla”, sostuvo. Por otra parte, la cartera ministerial pretende ampliar los cupos de las 18 chacras policiales para albergar a unos 3.600 presos. Esto lo lograría llevando a 200 plazas cada establecimiento (actualmente cuentan con cerca de 20). Pero además de estos paliativos, que apuntan en la buena dirección aunque se trata de instrumentos perfectibles y no siempre compartibles, como la reticencia a bajar la edad de imputabilidad, se debe tener presente que el gran enemigo de su propuesta está en las propias filas del partido de gobierno, en la bancada del Frente Amplio, que sistemáticamente sigue negándose a legislar, como mayoría que es, para hacerse eco de los reclamos de una población asolada por la delincuencia y que, equivocadamente, suele congregarse en reclamo de justicia ante las comisarías o los juzgados, cuando debería marchar sistemáticamente hacia el Palacio Legislativo, donde siguen cruzados de brazos y mirando para otro lado, como quienes, encerrados en su burbuja de cristal, continúan sumidos en su teoría “perfecta” de que no debe hacerse nada hasta que den resultado las supuestas políticas sociales, aunque mientras tanto todo se caiga a pedazos a su alrededor.