Opinion | 04 Sep En las últimas horas Paysandú fue sede de la reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en la que se dejó instalado el Comité Científico Binacional que tendrá a su cargo el monitoreo del río Uruguay y de los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes a este curso de agua y sus áreas de influencia, en acto que conlleva sobre todo la fase decisiva de la instrumentación del acuerdo bilateral por el que se pone fin al conflicto originado por el rechazo de la asamblea de Gualeguaychú a la instalación de la planta de celulosa de UPM Botnia. Es significativa a la vez la participación del director nacional de Medio Ambiente de Uruguay, ingeniero agrónomo Jorge Rucks, y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina, doctor Homero Máximo Bibiloni, así como del secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, ingeniero Fernando Raffo.
Otro aspecto a tener en cuenta refiere a que el acto coincidió con la toma de posesión de la nueva integración de la delegación uruguaya en CARU, que preside el Cap. de Navío (r) Gastón Silbermann, y que además en este período es conformada también por representantes de la oposición, lo que es particularmente importante si se tiene en cuenta que la postura uruguaya en el conflicto ha sido respaldada por todos los partidos políticos desde el vamos, y que incluso una delegación multipartidaria hizo acto de presencia en oportunidad de darse a conocer el veredicto de la Corte Internacional de la Haya, lo que configura un panorama muy distinto al que se da en la vecina orilla.
La constitución del comité científico fue acordada entre los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, en un proceso que el lunes dio lugar al intercambio de notas reversales entre las cancillerías de uno y otro país.
El comité fue creado como un órgano subsidiario de la CARU y está integrado por cuatro miembros: el doctor Juan Carlos Colombo y el ingeniero Guillermo Esteban Lyons por Argentina, y el ingeniero Eugenio Lorenzo y el doctor en Ciencias Químicas Alberto Nieto por Uruguay.
Cuenta con un plazo de 60 días corridos para abordar el monitoreo de la planta Orión de UPM - ex Botnia y de la desembocadura del río Gualeguaychú, y de 150 días para definir un plan de control y prevención de la contaminación en el tramo del río compartido entre Uruguay y Argentina. En la zona de la desembocadura del río Gualeguaychú se realizarán controles en el río Uruguay y en el Gualeguaychú, a una distancia suficiente del río Uruguay que permita caracterizar la calidad de su afluente desde territorio argentino.
Según el vicepresidente de CARU, embajador Hernán Orduna (Argentina) los resultados de los controles de monitoreo serán divulgados a la población y además estarán disponibles online a través de Internet, lo que pauta que se pretende transparentar los resultados para no dar lugar a especulaciones ni cuestionamientos sobre la intencionalidad del organismo, sobre todo a partir de que los activistas de Gualeguaychú en defensa de su “causa” seudoambientalista han puesto de manifiesto particular virulencia para destratar a todo el que se le cruce.
Pero lo fundamental, sin dudas, es que ante la irracionalidad que ha signado el planteo de este conflicto por los activistas y el propio gobierno de la vecina orilla, es que de la ardua negociación ha surgido un acuerdo que ha creado un ámbito de entendimiento y de dilucidación científica de las controversias, asentado realmente en una concepción ambientalista y no del “cobro al grito” y los eslóganes fáciles, como ha sido la impronta de los activistas de Gualeguaychú.
Sobre este principio es que debieron haberse puestos las cosas desde el inicio, es decir compartir estudios y forma de solución de las controversias, sin subjetivismos y en una visión integral, desde que circunscribir una eventual contaminación a un único emprendimiento no es solo una versión parcial, sino oportunista y discriminatoria de una problemática que es mucho más amplia y con muchos aspectos pendientes.
Debemos tener presente que por ejemplo, todavía OSE está debiendo la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en las ciudades de la costa del río Uruguay, incluyendo a Paysandú, y lo mismo ocurre del lado argentino, desde que se está en omisión en el parque industrial de Gualeguaychú en cuanto al tratamiento de efluentes, los que van a dar prácticamente crudos al río Uruguay, y que anualmente se vuelcan miles y miles de toneladas de agroquímicos por emprendimientos agrícolas y frutícolas tanto en el litoral uruguayo-argentino como en Brasil, prácticamente sin controles y solo por mencionar algunos de los potenciales focos contaminantes.
De ahí la trascendencia de empezar a trabajar en serio en este tema, y con el desafío de que llegado el momento se actúe sin miramientos en las medidas con quienes se resistan a adoptar acciones que permitan preservar este recurso compartido.