Opinion | 06 Sep Desde hace unos días las intervenciones quirúrgicas de urgencia que se generan en Paso de los Toros, ciudad de 17.000 habitantes del departamento de Tacuarembó, deben ser derivados a Durazno, porque el único cirujano de la localidad está de licencia, y pese a las gestiones que él mismo encaró para lograr quien lo supliera, no ha logrado reemplazo.
Esta situación, que parece propia de una república bananera, se da en el Uruguay del 2010, tras más de dos años de vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), por el que supuestamente los uruguayos nos hemos sumergido en el camino de la igualdad en materia de atención de salud, en favor de los grupos más desposeídos.
Refleja además un panorama que se manifiesta desde hace ya muchas décadas y que no se ha corregido pese a que los tres partidos se han rotado en el poder, porque no han puesto de relieve la voluntad política de avanzar contra las estructuras que oponen uno y mil obstáculos para mantener todo incambiado y así seguir manejando las cosas a su antojo y beneficio.
En el caso que mencionamos, el diario El País da cuenta que desde hace más de un mes se está buscando especialista suplente previendo esta situación, pero al no lograrse un reemplazo la alternativa ha sido derivar pacientes al centro asistencial más próximo, que es en Durazno, a 60 kilómetros, donde por supuesto en este aspecto tampoco se nada en la abundancia y hay carencias en varias especialidades, como es el caso de la anestesiología.
Este panorama se presenta con altibajos en el todo el Interior y Paysandú no es una excepción, si tenemos en cuenta que es un mal crónico del Hospital Escuela del Litoral el tener graves carencias en materia de especialistas, sobre todo en determinadas áreas, donde los números para consulta que se obtienen, con suerte, tras colas de muchas horas, se agotan rápidamente y los pacientes siguen engrosando la lista de espera.
En Paso de los Toros, de acuerdo a lo manifestado por fuentes de ASSE, se está buscando la solución puntual a esta coyuntura y se podría concretar próximamente la asistencia de un profesional de Montevideo, pero ello no soluciona el fondo del problema, es decir el déficit crónico de especialistas y cuya responsabilidad recae exclusivamente en las autoridades nacionales del Ministerio de Salud Pública.
Consultado al respecto, el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, reconoció el gran déficit de especialistas médicos que hay en todo el Interior y admitió que no tiene una solución prevista en el corto plazo, pero de todas formas anunció que en octubre presentará el Plan de Salud Rural que apunta a establecer condiciones para la radicación de médicos en el interior profundo.
Lo que está bien, por supuesto, desde que es un aspecto tan acuciante como el anterior, pero que está inserto en la centralización extrema que tienen los servicios de salud en el Uruguay, y que hace que se esté ante una cobertura más o menos aceptable –siendo benigno con el concepto— en la atención primaria, pero con agudas carencias una vez se ingresa en las áreas que requieren una mayor especialización e intervenciones de avanzada tecnología o más o menos actualizada.
Y si algo en la materia se puede hacer en las capitales departamentales, el problema se acentúa a medida que se sale hacia localidades del medio rural o crece la distancia con Montevideo. Una clara muestra de esta discriminación la tenemos en los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que están todos instalados en la capital, sin siquiera haberse encarado por lo menos una progresiva regionalización para reducir la distancia de los traslados de pacientes.
Así, seguimos todavía sin haber podido concretar la instalación por ASSE de un centro de atención cardiovascular en el Litoral Norte del país, pese a que se han entablado gestiones desde hace varios años en Salto y se han obtenido –aunque de mala gana, es cierto, y si no hay que preguntarle a la ex ministra maría Julia Muñoz—promesas que hasta ahora han quedado en agua de borrajas.
Así, en materia de Salud seguimos siendo un país dividido en dos, con pacientes de primera y de segunda, donde el macrocefalismo montevideano concentra todas las ramas de la medicina especializada y la alta tecnología. Y estas diferencias, lejos de acortarse, se potenciaron aún más desde la reforma impuesta por el Frente Amplio, desde que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos más que en mejorar la atención en los hospitales en trancar groseramente cualquier inversión que las mutualistas o privados pretendan hacer por su cuenta, para así hacerle creer a los uruguayos que las cosas están mejor porque “no hay diferencias” entre la salud pública y las mutualistas.
Esto es lo que sucede con el IMAE cardiovascular de Salto, con el centro traumatológico frustrado en Young --para el que se contaba con financiamiento del exterior-- y con el resonador nuclear que en su momento pretendió incorporar Comepa, que nunca fue autorizado pese a que en Montevideo hay seis en un radio de 10 cuadras del Obelisco.