Opinion | 02 Sep “Es hora que nos pongamos a ver qué está pasando en la región y en el mundo. El Parlamento uruguayo ha quedado muy rezagado en su funcionamiento, en la propia labor parlamentaria en cuanto a la presentación de los proyectos, a la calidad de esos proyectos”, reflexionó para el semanario Búsqueda el senador nacionalista Gustavo Penadés, al comentar una serie de situaciones que se han dado en el ámbito legislativo, que han generado controversia en cuanto al tratamiento y redacción de determinadas leyes.
Incluso en las últimas horas se ha estado encarando el análisis de los orígenes y proceso de la sanción de la ley que exoneró de culpa a dos de los hermanos Peirano en el sonado caso del Banco Montevideo, lo que incluso dio lugar a un planteo de fueros en el Senado con presencia del principal inculpado, el ex canciller Gonzalo Fernández, lo que ha desembocado en la creación de una comisión investigadora.
El senador colorado Ope Pasquet, quien planteó la formación de esta comisión, desató la airada réplica de sus pares cuando dijo en la sesión que el Senado y el Parlamento han actuado en forma negligente en el tratamiento de la norma en cuestión, con la salvedad que no es el primer episodio de estas características, aunque sí el más notorio ante la repercusión del caso en la opinión pública.
Ocurre que como hemos señalado en más de una oportunidad desde esta columna de opinión, estamos ante un sistemático descaecimiento de la formación promedio de los legisladores, que se conjuga paralelamente con un aumento en la presencia de actores políticos en el ámbito parlamentario, lo que en sí no tiene nada de malo, salvo que cada vez hay menos parlamentarios que tengan conocimiento acabado de la redacción de leyes, de las consecuencias de las normas y de aspectos técnicos que solo pueden manejarse por quienes han sido formados en Derecho.
A modo de ejemplo, entre los entuertos que se han generado por esta actitud ciertamente displicente o despreocupada sobre la forma en que deben elaborarse las leyes, tenemos el de la Ley de Descentralización, que puso en marcha la elección de alcaldes en los comicios de mayo último, y que obligó a que en los siete meses siguientes a su sanción tuvieran que aprobarse cuatro leyes más modificando imprecisiones de la primera norma, y que todavía hayan quedado aspectos por corregir.
También se fue impreciso y deficiente desde el punto de vista técnico en la redacción de la ley 18.187, de Repoblamiento de la Campaña, cuando se asimiló a los colonos que habían comprado sus tierras al amparo de una ley de hace casi cien años, que les dio la propiedad de sus tierras, a los que lo hicieron desde 1948 por la 11.029, condicionado a la autorización del Instituto Nacional de Colonización (INC), y que fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia ante los recursos interpuestos por los afectados.
Estos son apenas dos ejemplos notorios de un cúmulo de normas aprobadas con escasa rigurosidad técnica, presentadas la mayoría de las veces por iniciativa del Poder Ejecutivo pero sin que los legisladores se preocuparan mayormente por contar con el asesoramiento indispensable de profesionales del Derecho que les permitiera por lo menos, por sobre del fondo político de la iniciativa, corregir los errores en que suelen caer los parlamentarios.
Incluso hace dos años el Colegio de Abogados manifestó su preocupación por el “franco deterioro” de la calidad de las leyes aprobadas por el Parlamento, razón por la cual decidió intensificar el trabajo de su Comisión de Asuntos Legislativos, con el fin de “asesorar a los legisladores”, pero aparentemente sin que estos se den por enterados de los problemas que causan no solo por la deficiencia en conocimientos de Derecho que han puesto de relieve, sino que lo que es peor, por su escaso o nulo interés por contar con un cuerpo asesor que les permita ponerse a cubierto de los garrafales errores en que han incurrido.
Es hora de que los parlamentarios dejen de lado argumentos rebuscados e insostenibles para pretender justificar esta actitud de esconder la cabeza en un agujero, de estar dos por tres tratando de enmendar leyes de las que nadie quiere hacerse responsable, para pasar a actuar profesionalmente, con solidez institucional, y buscar mecanismos para contratar un cuerpo de asesores que redunde en un fortalecimiento de su tarea como legisladores, pero sobre todo en aras de una credibilidad que está cada vez más en tela de juicio ante los ojos del ciudadano.