Opinion | 07 Sep Pasan los años y salvo mejoras coyunturales originadas en bonanzas económicas que determinan que haya un aumento en el nivel de empleo y por consecuencia, del número de aportantes, sobre el sistema jubilatorio uruguayo regido por el Banco de Previsión Social (BPS) sigue pendiendo la misma Espada de Damocles de siempre, al continuar dependiendo de la “solidaridad” intergeneracional, que no significa otra cosa más que los trabajadores de hoy con sus aportes contribuyen a pagar las prestaciones –siempre insuficientes-- de los pasivos, los que a su vez durante la vida activa habían hecho lo propio con quienes los antecedieron y así sucesivamente.
Este esquema jubilatorio por lo tanto sostiene compromisos asumidos durante toda la vida activa de quienes se jubilan en base a los aportes actuales, lo que determina que la salud financiera del BPS depende de la coyuntura económica del país y por lo tanto sujeta a los avatares de las crisis y períodos de bonanza.
Ello determina que al fin de cuentas el sector de pasivos en base a estos vaivenes deba recibir transferencias del gobierno central, esto es de Rentas Generales, en mayor o menor medida según las circunstancias, porque la relación activo-pasivo dista de ser la ideal en el Uruguay, desde que para que un sistema de estas características pueda autosostenerse se requiere una relación no menor a tres activos por cada pasivo, cuando en nuestro país era hasta hace poco tiempo de 1,5 activos por cada pasivo. Si bien esta relación tuvo una mejoría en los últimos años, que ahora se acerca al dos por uno, esto se debe a una coyuntura económica favorable, un mayor grado de regularización de aportes “en negro” y una tasa de empleo que con altibajos.
Pero el sistema sigue con “agujeros” de recaudación debido a que se mantienen altos niveles de precariedad laboral, empleo mal remunerado y una sustentabilidad dudosa por efectos de un esquema socioeconómico que es altamente vulnerable a las condiciones internacionales, y en el que además no se ha sabido captar a un sector muy importante de la economía que son las microempresas, incluso unipersonales y cuentapropistas que no solo no aportan, sino que a la vez quedan sin cobertura social y sin posibilidades de acogerse a los beneficios jubilatorios.
Paralelamente al sistema previsional de solidaridad intergeneracional, está en vigencia el ahorro individual a través de las administradoras de fondos previsionales AFAP, mientras a la vez rige un régimen de transición en base a la norma vigente desde 1996, que afecta a quienes tenían más de cuarenta años para esa fecha pero aún sin causal jubilatoria, el que precisamente comprende a quienes se están jubilando actualmente.
La cuenta de ahorro individual es la que más ventajas ofrece a quien aspira a generarse prestaciones decorosas en el retiro, desde que lo que va ahorrando le reporta una rentabilidad superior a la que obtiene por el BPS. El punto es que ambos sistemas deben coexistir debido al arrastre de la situación anterior en la que solo existía el primero de ambos regímenes y que a la vez se fue degenerando por manejos políticos inapropiados de los gobiernos de turno, cuando distribuyeron alegre e irresponsablemente más de lo que se podía y así se fue desfinanciando la institución y lo que es peor, generando compromisos cada vez más difíciles de cumplir.
Hoy tenemos un régimen mixto que tiene luces y sombras, con situaciones disímiles de acuerdo al ingreso de los beneficiarios, los años de trabajo y la edad, por lo que resulta injusto establecer una apreciación general de quién resulta favorecido o no, aunque en términos del contribuyente sí tenemos al gran perjudicado, porque al requerirse recursos de Rentas Generales todos tenemos que poner de nuestros bolsillos para sostener el sistema solidario, por sobre lo que cada trabajador vierte por concepto de montepío.
Pero indudablemente el sistema de ahorro previsional de cuenta individual ha venido a llenar una grave carencia y beneficiado a centenares de miles de trabajadores que están aportando para su propia cuenta y asegurándose de esa forma que dependerán de sí mismos y de su esfuerzo de ahorro para obtener una prestación que les asegure una vida más o menos decorosa cuando cesen su período activo.
Lamentablemente, todavía hay grupos que siguen abrazados a los viejos esquemas, como es el caso de los sindicatos afiliados al Pit Cnt, los que están promoviendo un plebiscito para derogar las AFAP, paradójicamente en nombre (¿?) de los trabajadores, lo que quiere decir que hay una realidad que no quiere admitirse, que rompe los ojos, y que prefiere ignorarse para mantenerse aferrado a las ideologías voluntaristas que han fracasado en todo lugar en que se han ensayado.