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Paysandú, Sábado 11 de Septiembre de 2010

Reunión con legisladores y dirigentes

Grupo de vecinos presiona por respuestas políticas a los problemas de inseguridad

Locales | 11 Sep Exigencia al sistema político de soluciones al problema de la inseguridad, es el resumen de lo tratado ayer en la asamblea realizada por el grupo de ciudadanos conformado como respuesta al caso Romina Severo. Los representantes políticos estuvieron de acuerdo en general, aunque manteniendo los matices que ya son públicos.
Ante el senador Jorge Larrañaga, el diputado Walter Verri y el ex Intendente Julio Pintos -integrante de la dirección nacional del Partido Socialista-- los alrededor de cincuenta asambleístas plantearon las inquietudes que se vienen manifestando con más énfasis desde el 24 de agosto, día de la muerte de Romina.
Verri: “hay otras herramientas”
Las intervenciones de los dirigentes políticos se enmarcaron en las posibilidades que existen de regular la situación de los menores infractores, tanto desde el punto de vista penal --con la baja de la imputabilidad-- hasta con la creación de un instituto específico que atienda a los menores detenidos por cargos penalmente graves. El diputado Verri expresó su expectativa de que haya una ley votada por los partidos políticos, pero dijo que si “el gobierno no quiere, hay otras herramientas”, como juntar firmas para la realización de un plebiscito. Reiteró la posición de su partido respecto a bajar la edad de imputabilidad a 16 años para los casos graves, y también mencionó la propuesta del diputado Lacalle Pou de no eliminar los antecedentes de infracciones a la ley cuando los menores cumplen 18 años, como sucede actualmente. También propuso que se generalizara responsabilizar a los padres o a quienes corresponda sobre la conducta de los menores.
“En picada libre”
Para el senador Jorge Larrañaga, el tema de la inseguridad “viene en picada libre desde hace 30 años”, argumentando que eso se debe “a causas muy profundas, como es la educación, la pasta base, la situación de la familia y el alcohol”. Recordó que en la década del 90, las cárceles uruguayas “tenían 2.000 presos, y ahora hay 9.400”, señalando que “eso no es culpa de ningún gobierno en particular, sino de la sociedad que ha ido perdiendo valores”. Dijo ser optimista en cuanto a que “los partidos políticos no estamos tan lejos de llegar a una solución”, aunque aún hay diferencias sustanciales. Mencionó como importante “el agravamiento de la responsabilidad penal de los menores infractores desde los 15 o 16 años” e hizo especial mención al tema de los antecedentes como menores, que son borrados al cumplir los 18 años. No obstante, reconoció que hay otro problema como el hacinamiento, ya que dada las condiciones actuales de los locales de INAU “no se puede mantener a menores que entran de mañana y se van de noche”, insistiendo entonces con que “me parece inevitable un instituto de reclusión”. A juicio del senador Larrañaga “aún con la norma jurídica, un buen cuerpo policial, con legislación y todo, no estaremos a salvo porque estamos en una situación social grave”.
Luego de las apreciaciones de Larrañaga, hubo una ronda de intervenciones de asambleístas, donde una señora destacó que “debe obligarse a los padres”, mencionando la dualidad de criterios de fiscales o jueces para procesar a los padres de los menores. Otro ciudadano reclamó “emplazar a los políticos a que aprueben una ley antes de fin de año”, en tanto un joven preguntó sobre la efectividad de las denuncias sobre las “bocas de venta” de pasta base, asegurando que sabía de lugares denunciados formalmente pero que nunca fueron intervenidos por la policía. Los legisladores dijeron que se ocuparían de hacer las consultas en este sentido.
Un paquete de leyes
Mientras tanto, el ex intendente Julio Pintos recordó que en la bancada oficialista se está debatiendo sobre las soluciones legales, y que hubo una reunión con el ministro del Interior Julio Bonomi, donde éste planteó su propuesta de no eliminar los antecedentes de delitos graves cometidos por menores, en el marco de “un paquete de leyes”. Propuso además “organizar un seminario (en Paysandú) con personas especializadas, con jueces, fiscales, abogados, representantes del INAU, para tener los elementos y conocimientos necesarios para debatir sobre estos temas”. Luego se informó sobre la marcha organizada para mañana, con una concentración previa a las 16 y 30 en plaza Artigas y posterior marcha a las 17 hacia el Anfiteatro del Río Uruguay, donde se leerá una proclama.


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