Opinion | 09 Sep Con el objetivo de asegurar la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, el gobierno impulsa un proyecto de ley que establece un régimen legal de pesca que apuesta a la zonificación de la acuicultura como forma de evitar daños al ecosistema y de actuar según la calidad de las aguas y el régimen climático. La ley de pesca existente, denominada “Riquezas del Mar” es de 1969 y, en algunos aspectos, debe ser actualizada para acompasar las nuevas realidades. El nuevo proyecto introduce en sus 92 artículos nuevas pautas para la pesca artesanal y establece la creación de un Consejo Consultivo de Pesca que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e integrado por representantes de distintos organismos del gobierno, armadores industriales, pescadores artesanales, empresas que se dedican a la transformación de productos pesqueros y trabajadores.
También incorpora la existencia de consejos consultivos zonales de pesca artesanal por comunidades --dada la importancia que esta actividad tiene en pequeñas comunidades, como es el caso de Villa Soriano, Nuevo Berlín, San Gregorio de Polanco, La Charqueada y algunos lugares de Montevideo como Pajas Blancas y Santa Catalina-- y un consejo consultivo de acuicultura, una actividad incipiente en nuestro país.
Para un país con recursos pesqueros importantes, escaso consumo --el mercado interno uruguayo consume 9 kilos de pescado por persona por año-- y en el que más del 90% de la pesca se exporta, contar con una ley de pesca actualizada a los tiempos que corren será una ventaja no sólo desde la perspectiva de la actividad laboral y económica de la actividad, sino también teniendo en cuenta que la explotación de los recursos pesqueros de una nación involucra aspectos de sustentabilidad y soberanía alimentaria que es necesario tener en cuenta y proteger.
Sería bueno que una vez aprobada la ley los distintos instrumentos que ésta prevé sean utilizados para la promoción del consumo de pescado en el país como forma de enriquecer la dieta de los uruguayos, a la vez que se dote a los organismos que corresponda de los recursos suficientes para hacer valer la legislación nacional de prácticas depredatorias e ilegales que tienen lugar en determinados lugares de cursos de aguas compartidos con otros países y la zona oceánica.