Opinion | 15 Sep El vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, admitió en las últimas horas que es “absolutamente indiscutible” el deterioro que se percibe en la educación, en cuyo marco la enseñanza secundaria es evidentemente el foco más preocupante, a pesar de que hubo un fuerte incremento en la afectación de recursos para esta rama en el presupuesto de la anterior administración.
Uno de los aspectos en que hizo hincapié el senador refirió a que debe trabajarse por mejorar la enseñanza pública contando con una mayor injerencia del Ministerio de Educación y Cultura sin que esto signifique violar la autonomía de los organismos de la educación.
Preguntó Astori “¿quién tiene la obligación o la responsabilidad de tener una visión nacional en materia educativa si no es el ministerio?”, y consideró que este ministerio prácticamente no tendría razón de ser si no puede expresarse siquiera en los lineamientos de orientación para la educación.
Reconoció el vicepresidente que esta idea seguramente encuentre “resistencia a nivel sindical”, en un contexto en el que la educación “necesita mejorar su calidad y los resultados deben ser mucho mejores”, en tanto por otro lado indicó que el gobierno no puede atender el reclamo de los gremios que piden recursos equivalentes al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación, advirtiendo que no es bueno establecer metas en términos del PBI por las oscilaciones que este parámetro puede tener.
Le asiste razón al senador oficialista cuando entiende que el MEC, en tanto representante del Poder Ejecutivo, debería tener mayor injerencia en las orientaciones de la educación, en tanto representa el interés general por encima del interés sectorial que protagonizan los gremios que tienen representación en los organismos desconcentrados que rigen la educación, y que priorizan sus propias visiones e intereses por sobre el resto.
Y por cierto que la mejora en la calidad de la enseñanza no pasa solo por mayores recursos, sino por la calidad del gasto, la adecuación de los programas a la realidad del país, una mejor preparación docente y más disposición de sus cuadros a cumplir con sus tareas específicas, antes que a discutir sobre las parcelas de poder que le tocan en la educación.